El juez instructor de la causa del Tsunami Democrático no está solo buscando una excepción para la amnistía. De hecho, bien pronto podría tener un antiguo aliado en la causa, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Al final, en su día, y a raíz de la causa Volhov, Aguirre le envió parte de su instrucción que, finalmente, ha servido a Manuel García Castellón para calificar las protestas postsentencia de terrorismo. En este caso, Aguirre podría tener la opción de reabrir la pieza separada de la trama rusa que se va a archivar provisionalmente en julio del 2022.
Según fuentes jurídicas próximas al caso, un nuevo informe sería la clave de tuerca que volvería a poner en marcha una investigación ya archivada. En concreto, se trataría de un informe forense informático de los tres teléfonos confiscados a Víctor Tarradellas tanto durante las detenciones de la operación Estela (causa madre de la Volhov), de mayo del 2018, como de la Volhov, en octubre del 2020. Este informe serviría al juez para desenterrar la famosa
De hecho, no es la primera vez que a la Audiencia Nacional le llegarían los supuestos contactos rusos con el independentismo. El mismo juez García Castellón abrió las diligencias 86/19 a partir de un atestado de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía del 28 de octubre del 2019. Las diligencias se cerraron sin hacer prácticamente ninguna diligencia. El juez decretó el archivo en julio del 2020, con los argumentos esgrimidos por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que tildó el atestado policial de “prospectivo”. Según el mismo fiscal, parecía una investigación de “causa general” que “buscaba indicios para confirmar una determinada tesis policial”. De hecho, desde el CNI hasta el Departamento de Seguridad Nacional han insistido en la tesis de esta influencia rusa en el Procés que ahora podría resucitar.
Con previsión de una exclusión de la amnistía
La reapertura de esta instrucción, con el argumento que han aparecido nuevas pruebas o indicios, como por ejemplo conversaciones o archivos extraídos de los tres móviles de Tarradellas, podría servir también para eludir la aplicación de la ley de amnistía. En concreto, en aplicación de la exclusión que se aprobó en el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso este pasado martes. El artículo 2 apartado e) establece como exclusión de la ley de amnistía “los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal”.
Es decir, no se podría aplicar el olvido penal a los acusados o virtuales condenados del artículo 592 del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión para aquellos que “con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras”.
Una supuesta colaboración con el entramado estatal ruso podría entrar perfectamente en esta exclusión. Esta fórmula esquivaría las garantías que han buscado en el acuerdo de Junts, ERC y PSOE para evitar que fueran excluidos independentistas acusados de delitos de terrorismo como por ejemplo los procesados por la causa Judas o los investigados en la causa Tsunami Democràtic, entre los cuales se encuentran el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El hecho de establecer contactos con un gobierno extranjero podría permitir denegar la aplicación de la amnistía.
Una peritación extraña
De todas maneras, las mismas fuentes que conocen estos movimientos resaltan que el informe que se habría presentado en el juzgado no lleva la firma de una peritación policial. De hecho, más bien es una entidad privada quien habría extraído y sintetizado la información sobre los presuntos contactos con miembros del Kremlin, como Sergey Markov o Nikolay Sadovnikov, con Tarradellas o miembros del entorno de Puigdemont, justo los días previos al referéndum del Primero de Octubre y al 27 de octubre, día de la declaración de independencia. Así como mensajes sobre un viaje en Moscú en septiembre del 2017.
Con este nuevo informe, el juez podría reabrir la causa y poner otra traba más en la aplicación de la amnistía, porque se podría entender que de los hipotéticos contactos con supuestos miembros del entorno del Kremlin entrarían en el delito de traición. Por lo tanto, se podría saltar, de momento, la parada de la instrucción por aplicación de la ley de amnistía.
Igualmente, el juzgado tendría en su poder un nuevo informe de intervenciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil entre los investigados que aportarían supuestas complicidades políticas entre socialistas e independentistas. De todas maneras, los investigadores del instituto armado todavía continúan pidiendo más tiempo para continuar el análisis de la “ingente documentación requisada”.
