Los años pasan y las cosas se van situando. Dos semanas después de que el principal ejecutivo y uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) testificasen en la Audiencia en el juicio contra los Pujol Ferrusola, se ha cerrado una de las causas que sirvió de excusa para su intervención. La llamaban la «conexión Maracaibo». Es decir, el presunto blanqueo de capitales procedentes del petróleo de Venezuela a través de la BPA. Ha archivado el caso el titular del Tribunal Central de Instrucción Plaza 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en una resolución del pasado 25 de marzo a la que ha tenido acceso El Món.
La BPA, entidad donde tenía el dinero la familia del expresidente y que sirve de base para las acusaciones de blanqueo, tuvo que bajar la persiana tras su intervención por parte de las autoridades financieras andorranas y las españolas, en lo que respecta a su franquicia española, Banco Madrid. El argumento para la intervención se sostenía en una nota del tesoro estadounidense, el FinCEN, que apuntaba hacia Andorra como un paraíso fiscal del blanqueo y señalaba en concreto, la BPA. De momento, de los cinco motivos que alegaba, solo dos continúan vivos, y durmiendo el sueño de los justos.
A juicio de las autoridades de control de Andorra, de EE.UU. y las españolas, la entidad andorrana blanqueaba dinero que procedía de la mafia china, de la mafia rusa, del cártel de Sinaloa, del petróleo venezolano y de sociedades patrimoniales y fundaciones de Panamá. Una situación que permitió a la policía patriótica presionar y coaccionar a los directivos de la BPA para obtener información sobre el patrimonio y movimientos financieros de los últimos años de la familia del expresidente Pujol, así como de Artur Mas y Oriol Junqueras, una maniobra confirmada por las declaraciones en el juicio de los Pujol Ferrusola no solo de los directivos de la entidad, sino también de miembros de la policía patriótica.
Investigaciones en todo el mundo
Según la resolución de archivo, de apenas cinco páginas, la causa que instruía Pedraz se incoó por una denuncia de la fiscalía anticorrupción, del equipo del fiscal José Grinda, por unas actuaciones de blanqueo que «habrían perpetrado en España varios ciudadanos venezolanos». El sistema de blanqueo se habría construido a través de inversiones por un valor de 4.350 millones de dólares, dinero que «procedería de un fraude». Un dinero que posteriormente pasó por el filtro de un crédito, firmado el 12 de marzo de 2012, por parte de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y la empresa privada Administradora Atlantic 17107, CA. Un crédito que la fiscalía calificaba de delito antecedente de blanqueo, según un informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), con número 20240024008000004080.
Según este informe, el dinero procedía de una operación bautizada como Atlantic/Violet que estaba investigada por la justicia venezolana. Diferentes comisiones rogatorias a Andorra y Suiza señalaban que los pagos de los créditos se realizaban a través de entidades andorranas a nombre de la sociedad Welka Holding.
Además, los investigadores relacionaron este dispositivo de blanqueo con la operación Money Flight, que en España se rebautizó como Money Garden, que implicaba entidades financieras estadounidenses en el entramado y que investigaban la fiscalía de EE.UU. y el Grupo de Protección de la Infraestructura Financiera de Miami del Homeland Security Investigations (HSI), el departamento de Seguridad Nacional. Todo parecía una macrooperación internacional que ayudaba a oscurecer la actuación del sistema bancario andorrano y, en concreto, de la BPA.
Nombres de Venezuela
El principal investigado en esta pieza ahora archivada era Alejandro Betancourt, que permaneció arrestado en Londres hasta que el pasado 26 de marzo se decretó su libertad. Betancourt era uno de los socios de Nervis Villalobos, el exviceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2006, que había sido cliente de la BPA y que denunció las coacciones de la policía española para pasar información de los Pujol en su declaración en la comisión de Investigación de la operación Catalunya al Congreso de Diputados. Villalobos como Betancourt constaban como dos de los principales nombres del caso PDVSA, que tanto el FinCEN como el Sepblac español y la UIFAnd andorrana utilizaron para intervenir la BPA. Y, de rebote, estaban como imputados en la Audiencia Nacional.
Villalobos aún puede continuar como investigado por otra causa. De hecho, pasó a la ofensiva y denunció a varios agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF), del Cuerpo Nacional de Policía, el fiscal anticorrupción José Grinda y, incluso, al juez Juan Carlos Peinado, el que persigue a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Villalobos cuando dejó el gobierno de Hugo Chávez hace 20 años, se dedicó a ejercer de consultor para multinacionales de diferentes países, también en España, donde reside desde hace una década. Operaba con cuentas de la BPA y Banco Madrid. Al tener dinero en la misma entidad que los Pujol, el policía Bonifacio Díaz Sevillano, alias Boni, que también declaró en el juicio contra el expresidente admitiendo presiones a la BPA, contactó con él como agregado de Interior en la embajada española en Andorra, el cargo que tenía entonces. Se reunieron en Washington, donde Boni pidió a Villalobos información de los Pujol. Él se negó, porque, entre otros motivos, no sabía nada.
Las maniobras de Boni fueron denunciadas por Villalobos en su comparecencia en el Congreso y en una denuncia ante Asuntos Internos del CNP. Y añadió a la denuncia que Grinda le pidió que cooperara como testigo de cargo contra el Banco Madrid y otras entidades. También se habría negado. Según aseguró, llegaron a ofrecerle la nacionalidad, protección y “un paraíso en España” si era capaz de “mentir sobre la Banca Andorrana”. La negativa de Villalobos supuso que el fiscal, en febrero de 2016, lo hiciera pasar de testigo a investigado y de ahí a la cárcel, donde pasó 13 meses, hasta que el Tribunal Constitucional le acabó dando la razón. Precisamente en la cárcel de Soto del Real conoció a Jordi Pujol Ferrusola.
Otra ‘excusa’ que cae
El juez Pedraz en su resolución alega que no se puede persistir en una instrucción que la misma justicia venezolana ha archivado. Así, remarca que la causa judicial abierta en Venezuela por este préstamo fue archivada por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia de la república bolivariana a través de una resolución del 10 de marzo de 2023. La justicia venezolana entendió que el préstamo se formuló de «conformidad a la legalidad de Venezuela», por tanto, no hay delito antecedente que justifique la continuidad de la instrucción. Además, Pedraz deja entrever que la actuación de la fiscalía se «podría calificar de prospectiva» y que solo hizo manifestaciones genéricas sobre presuntas evasiones de impuestos.
La causa PDVSA se ha cerrado tras haber servido para presionar a la BPA desde España y los EE.UU. Y no es la primera. De hecho, el caso Gao Ping que en Andorra ha costado una dura condena, en España, conocido como causa Emperador, aún está pendiente de juicio tras más de diez años de instrucción. La conexión rusa, el caso Petrov, y con el cártel de Sinaloa fue desacreditada por el informe del Seplac sobre los fondos y la actividad financiera de Banco Madrid. De hecho, ahora mismo, solo queda pendiente de resolver el caso de las fundaciones instrumentales de Panamá que gestionaban activos que procedían de Andorra, como operaciones para incrementar el rédito del dinero.
