Las defensas recuerdan que los acusados «solo permitieron el debate»

La última jornada del remake del juicio por desobediencia a los independentistas de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell ha servido a las partes para presentar sus informes finales. Después de las acusaciones, sobre todo de la exposición del fiscal Pedro Ariche, y el tradicional receso que ordena el presidente del TSJC, Fernando Lacaba, ha llegado el turno de las defensas. Judit Gené, letrada de Lluís Guinó, Lluís Corominas i Ramona Barrufet, se ha frotado las manos -como cuando un soldado se pone una cinta en la cabeza- y se ha dispuesto a desgranar un listado de motivos tanto para responder al desafío de Ariche como para reclamar sin manías al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una absolución en toda regla. Si parecía que con Gené ya no quedaba nada por decir, el abogado de Anna Simó, Raimon Tomàs, se ha encargado de sacar más petróleo todavía al caso y los hechos que se han juzgado y su nula relación con el Código Penal.

Tanto Gené como Tomàs han dejado claro que los hechos que se han vuelto a juzgar estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. Pero han sido especialmente hábiles al explicar qué hacían los cuatro acusados en la Mesa del Parlamento, y así se ha visto en el detalle que Lacaba ha empezado a tomar notas como si fuera un «médium» en contacto con un espíritu. «Solo permitieron el debate, solo el debate, ni redactaron las leyes, ni las presentaron, ni las ejecutaron, solo permitieron el debate», esta es la conclusión que han enfatizado los abogados. Así mismo, Gené ha tocado una tecla que ha hecho levantar las orejas a los togados. «El poder ejecutivo que organizó el referéndum que tanto critican han sido condenados… e indultados! Y nosotros todavía estamos haciendo el juicio!», ha exclamado pidiendo a las acusaciones y a los magistrados que reflexionaran si esto es o no una dilación indebida. Todo aliñado con la crítica sensata, pero contundente, a una petición de penas que han tildado de «desproporcionadas».

«Solo permitieron debatir»

Gené ha insistido en la idea de que los cuatro acusados se limitaron a hacer lo que los obligaba su cargo, es decir, permitir el debate de una iniciativa parlamentaria. Incluso, ha recordado la interlocutoria del juez instructor del Tribunal Supremo de la causa del Proceso, Pablo Llarena, que subrayó «la espontaneidad» de Barrufet al explicar que hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Un ejemplo con que ha pedido a las acusaciones y al tribunal que razonen y reflexionen solo por lo que «hicieron y dijeron» y no por la «interpretación subjetiva» de los acusados que ha expresado el fiscal Ariche en su informe.

En este contexto, Tomàs y Gené han remarcado que ninguno de los acusados hizo ninguna ley, ni la registró, y ni la ejecutó. «Deliberaron y autorizaron el debate como se hace en una Mesa de un poder legislativo», han argüit. «Era un acto parlamentario», han sentenciado alegando que es lo único que se ha demostrado en los dos juicios que ya lleva el caso. En este sentido, han defendido que sus clientes se encuentren entre «el agotamiento y la resignación» por eso se ahorraron responder a las acusaciones porque ya han declarado hasta seis veces durante la instrucción y las dos vistas, y respondiendo a todo el mundo. En definitiva, que los hechos no solo estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria sino por la separación de poderes y la función lógica de un poder legislativo, es decir, debatir. «Una condena no es inocua», ha destacado Tomàs para advertir de los peligros que se penalice permitir el debate democrático.

Desproporción de la pena

Por otro lado, los letrados han insistido en la desproporción de las penas pedidas -20 meses de inhabilitación y 30.000 euros- por los hechos juzgados. En este marco, han recordado que por ejemplo Guinó solo recibió un requerimiento, el 7 de septiembre, y solo estuvo tres meses en el cargo; o en el caso de Corominas, que solo se le recrimina penalmente haber permitido el debate de una declaración política. Así mismo, han aportado el voto particular de la sentencia que confirmaba la inhabilitación del presidente Quim Torra. Un voto firmado por Ramon Sáez de Valcárcel, donde se pedía diferenciar qué tipo de inhabilitación y dependiendo de qué delito se aplicaba. Un razonamiento penado por Guinó que hace casi 30 años que es alcalde y solo fue vicepresidente del Parlamento 3 meses.

Por otro lado, han añadido que los acusados fueron condenados elnoctubre de 2020 y que el Tribunal Supremo han tardado más de dos años a hacer repetir el juicio. Una dilación indebida porque durante este tiempo, de unos hechos del 2017, no se han podido volver a presentar a unas elecciones y los que ejecutaron las leyes, como por ejemplo, la ex consejera Meritxell Borràs, ya ha extinguido su inhabilitación por la condena. «Los miembros del Gobierno han sido condenados e indultados, y todavía no tenemos nuestra sentencia» ha ejemplificado. Los acusados han renunciado al derecho de la última palabra. Lacaba ha pronunciado serenamente un visto por sentencia.