Desde 2017, la conjura mediática, política y jurídica intenta relacionar el independentismo con una supuesta trama rusa del Procés. Incluso, ha habido cuatro causas judiciales: dos en el marco de la operación Volhov, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, y dos más a través del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Todas ellas archivadas por ahora, con sonoras reprimendas de los juzgados superiores o de la misma fiscalía. Pero ninguna de estas tramas ha llegado al nivel de un supuesto agente de contrainteligencia ruso que trae de cabeza a los servicios de inteligencia e información del Estado: el profesor Enrique Gil Arias.
Este doctor en seguridad y con un amplísimo currículum de colaboración con los principales think tanks del Estado, como el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) o el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), es ahora el español más buscado por Europol a petición de los servicios de seguridad del Estado, y comparte cartel con la flor y nata del crimen internacional desde el pasado mes de septiembre. Todo ello, con acusaciones durísimas de ciberterrorismo, apología del terrorismo y organización criminal al amparo del Kremlin y de los servicios de inteligencia de Vladímir Putin. De hecho, los analistas españoles lo identifican con un «altavoz ruso» que ha hecho pasar un mal trago a varias instituciones del Estado.
«El desinformador ruso»
Gil Arias gestionaba una cuenta de Telegram, bautizada como «desinformador ruso», donde anunciaba, propagaba y celebraba varios ciberataques a la Moncloa, ministerios sensibles como el de Interior durante las elecciones generales de 2023, la casa real o el Congreso de los Diputados. Ataques, por otra parte, más simbólicos y reputacionales que de destrucción. De hecho, está acusado de reventar sistemas informáticos de servicios del Estado a través de canales y redes rusas de ciberactivismo.
Desde el 13 de marzo de 2024 creó el canal de Telegram donde vaticinaba, informaba o difundía los ataques a través de canales como NoName57, Inteid o Twonet. Precisamente, el pasado mes de julio una operación de Interpol contra NoName57 permitió avanzar en la investigación de casos en los que estaba Arias Gil detrás.
A partir de marzo de 2024, el canal de Telegram, con casi 12.000 suscriptores, comenzó a difundir información más delicada, como datos personales y de identificación de guardias civiles, policías así como agentes operativos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Unas campañas de filtración de datos comprometidos que aumentaron el pasado verano poniendo aún más en alerta a los servicios de seguridad españoles que, poco a poco, creían que le tenían el pie en el cuello.
Rusia y, otra vez, la Audiencia Nacional
Nacido en Madrid en marzo de 1988, Arias Gil habla español, inglés y ruso y vive actualmente en San Petersburgo. Obtuvo un doctorado en seguridad internacional en el Instituto Internacional Gutiérrez Mellado y era un reconocido experto en materia de terrorismo internacional, y sobre todo, en el concepto «aceleracionismo y extrema derecha». Incluso, había participado en programas de análisis de Televisión Española. En sus últimos mensajes públicos en Telegram, cuando la policía lo delató, aseguró que los servicios de seguridad del Estado lo acusaban sin pruebas y lo perseguían sin motivo.
A partir de ahí, advirtió que publicaría nombres de los «mortadelos y los cecilios» -nombre con el que en el argot se identifican los agentes operativos y los analistas del CNI. Una vez la policía española lo puso en la lista de los Most Wanted, el pasado 12 de septiembre, filtró una multitud de datos de los agentes operativos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). En total, 21 militares y guardias civiles vieron sus datos difundidos a través de estos canales prorrusos.
De momento, se ha emitido una orden de detención del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, por las primeras filtraciones. Pero también se acumula otra instrucción, en este caso en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en manos de Antonio Piña, de la filtración de datos a través de Telegram por parte del grupo de ciberactivistas N4T0X, del entorno ruso, que publicaron información confidencial del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dos jóvenes fueron detenidos por esta filtración, sin ir más allá del grupo N4T0X, de donde habrían sacado las bases de datos.
