«Era imposible filtrar». Esta ha sido la excusa de los agentes de la poderosa -y omnipresente- Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para justificar que tomaron más información de la debida del móvil y la tableta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Los ocho agentes que esta mañana han pasado por el estrado de la sala de vistas del Tribunal Supremo en el juicio contra García Ortiz por revelación de secretos, han reconocido que se «llevaron más información de la autorizada por el juez porque técnicamente era imposible filtrar antes de copiar». Aunque han señalado que hicieron un «cribado» posteriormente.
Una confesión que tambalea la investigación y que roza la vulneración de las garantías procesales en un juicio contra una alta institución del Estado. Un caso abierto contra García Ortiz por presuntamente haber filtrado un correo sobre un acuerdo entre el ministerio público y el abogado de la pareja de Isabel Díez Ayuso, para evitar la prisión en un caso de fraude fiscal. Los agentes permanecieron durante diez horas en el despacho del Fiscal General del Estado y de la Fiscal jefe de Madrid, el 30 de octubre de 2024 para copiar toda la información de sus teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y cuentas de correo electrónico. El registro encomendado por el juez Ángel Hurtado, limitaba la extracción de datos entre el 8 de marzo y el 30 de octubre.
Facilitar las contraseñas
Los agentes han especificado que, en el registro del despacho del Fiscal General, García Ortiz les avisó de que acababa de cambiar el móvil así como el disco duro de trabajo. También facilitó las contraseñas y mostró una «actitud colaborativa en todo momento», para las tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal. En cuanto a un ordenador, los agentes de la UCO han apuntado que sí «seleccionaron archivos» pero no han podido concretar en qué límite temporal. En todo caso, la Guardia Civil se llevó 7 meses y 22 días de información de comunicaciones de García Ortiz y datos desde 2018, de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. En definitiva, los policías del caso han admitido que no respetaron el límite temporal.
