Era el 28 de octubre de 2020. La pandemia no evitó una verdadera redada contra miembros del independentismo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, con Joaquín Aguirre como titular y con numerosos equipos de la Guardia Civil. Una multitud de detenciones y registros por todo el país. La orquesta mediática habitual celebraba una supuesta desarticulación de la trama civil independentista y la desarticulación de una extravagante trama rusa que colaboraba con el Procés soberanista. Las detenciones de David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler o los primos Ton y Roc Aguilera, propietarios de las empresas Events, o Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, encendían todas las alarmas. Era la presentación de la operación Volhov, la derivada principal de la famosa trama rusa del Procés.
El origen de todo era la‘operación Estela. Una instrucción judicial sobre el gasto en cooperación y ayuda internacional de la Diputación de Barcelona, dirigida por el mismo juzgado, con nueve piezas separadas y nutrida con investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Por cierto, todas archivadas en tres años con el apoyo, incluso, de la fiscalía. Una de estas piezas se bautizó como Igman-Catmon, y era sobre las actividades de dos entidades de apoyo internacional que dirigían Víctor Terradellas, un exdirigente de CDC, y Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya.
Un teléfono, supuesto gancho
Precisamente, fue supuestamente el teléfono de Terradellas y los documentos privados encontrados en los registros de su domicilio y despacho los que hicieron suponer al juez que había algo más que las ayudas irregulares a las entidades de cooperación. Las conexiones internacionales de Terradellas, su profusa agenda de contactos y, por supuesto, sus elucubraciones ampliamente conocidas por buena parte de la élite independentista, hicieron creer al juez que se encontraba ante una trama internacional de apoyo a la independencia de Cataluña. Y abrió un nuevo sumario, bautizado como Volhov y dividido en ocho piezas separadas más. La matrioixca, el juego de muñecas rusas que cada una sale de otra, se ponía en marcha.
Una de las primeras decisiones del juez fue cambiar de policía judicial. Retiró del caso a la UDEF, no sin quejas de la Policía Nacional, y dio la instrucción a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña. Una unidad bastante motivada para luchar contra el independentismo. Teléfonos pinchados, clonación de móviles e interrogatorios difícilmente aceptables en un estado de derecho hicieron crecer la causa con unos densos atestados de la Guardia Civil. Hasta el punto de que el juez hizo un doble salto mortal. Fue un paso más allá e investigó el Tsunami Democràtic y envió sus pesquisas a otro viejo conocido de la represión independentista, el extitular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que le siguió el juego, hasta llegar a la trama rusa.
Cinco años y todo archivado
Desde el principio, ni siquiera el ministerio fiscal se creyó la causa Estela ni la Volhov. Al responsable del caso, Fernando Maldonado, un serio fiscal especial anticorrupción, no le temblaron las piernas al recurrir contra las resoluciones del juez y calificarlas de poco menos que prospectivas. Se hartaba de pedir archivos y oponerse a las eternas prórrogas de la instrucción. Pero el juez iba a lo suyo y, en algunas ocasiones, tuvo el apoyo de la Audiencia de Barcelona, que al final le ha cortado las alas ordenando el archivo definitivo de todo y dando argumentos a los investigados para fundamentar una querella por prevaricación.
Pero Maldonado pidió el traslado a la fiscalía del País Valenciano y la instrucción continuó, aún más desbocada. Aguirre quería demostrar sí o sí que el Kremlin estaba detrás del Procés, que se financiaba con criptomonedas y que Vladímir Putin había querido enviar 10.000 soldados con la senyera en el brazo para tomar el control efectivo del territorio. Además, mezclaba una sórdida historia de espías y sicarios rusos del servicio de inteligencia militar de Putin que se paseaban por Barcelona durante los días fuertes del Procés y el referéndum del Primero de Octubre de 2017. Incluso la traducción de una novela por parte de Alay, con cierto éxito de ventas, fue considerada una prueba irrefutable de la injerencia rusa. El juez encontró un ruso y todo, Alexander Dimitrenko, a quien no le daban la nacionalidad española por el informe contrario del CNI y que luego desapareció protegido por un prestigioso despacho de abogados de Madrid dirigido por un excomando de la Guardia Civil y con la asesoría de prensa del antiguo jefe de comunicación del Ministerio del Interior.
La Audiencia Nacional entra en juego
García Castellón, que ya había investigado algo similar, no le compró a Aguirre la historia de los rusos, básicamente porque había tenido que cerrar su investigación en secreto, con serias advertencias del CNI para que no hiciera el tonto con los intereses rusos energéticos de España y Europa. Ahora bien, el juez de la Audiencia Nacional sí que recogió el guante de Tsunami Democràtic y empezó una instrucción carísima con la intención de calificar de terrorismo las protestas contra la sentencia que condenaba a prisión a los líderes políticos y sociales del Procés juzgados por el Tribunal Supremo.
La muerte por infarto de un ciudadano francés en la terminal dos del aeropuerto del Prat el 14 de octubre fue la excusa para iniciar una instrucción surrealista y desbocada que terminó incluso en el Supremo, con la petición de imputación de Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por terrorismo. La sala tercera de la Audiencia Nacional, con la presidencia del magistrado Fèlix Guevara, terminó con la investigación y ordenó el archivo por vulneración de derechos fundamentales, debido a que García Castellón había hecho trampas con los plazos de prórroga de la instrucción.
En cambio, García Castellón evitó remitir su investigación sobre los rusos y el Procés. Una causa abierta en 2019 que abrió en secreto y cerró también en secreto. Una investigación que nunca tuvo el apoyo del ministerio fiscal de la Audiencia Nacional. El fiscal Miguel Ángel Carballo se cerró en banda y se enfrentó con el magistrado hasta que se optó por el archivo. Cuando Aguirre le reclamó el sumario, García Castellón, que ya olía la jubilación, no quiso más líos y solo le remitió la interlocutoria de archivo.
Una clonación procesal
Poco a poco, la causa Volhov se iba desvaneciendo y llegaban archivos de varias piezas separadas, ordenados por los jueces que sustituían a Aguirre en sus bajas médicas. Hasta que el verano pasado hubo un click. La Audiencia de Barcelona ordenó detener la fiesta y le anuló la instrucción del último año. El juez se pasó de listo e hizo lo que se conoce como una clonación procesal: abrió una nueva pieza con el mismo contenido que la Audiencia le había mandado cerrar con el argumento de que eran otros delitos y con nuevas pruebas.
Aguirre, sin embargo, iba perdiendo aliados. De entrada la Guardia Civil, con el nuevo jefe del instituto armado en Cataluña desde el pasado 15 de marzo, Pedro Antonio Pizarro, le dijo basta. Fuentes policiales aseguran que le cerró el grifo porque sus agentes de información tenían otras tareas más importantes que no perseguir fantasmas rusos. Esto no detuvo al juez, que habilitó a dos inspectores jefes y dos inspectores de la Comisaría General de Información del CNP para investigar la conexión rusa por un supuesto delito de traición, que no entra en la amnistía. Y efectivamente la llevaron a cabo, hasta que, de nuevo, el CNI levantó las orejas y expresó su queja al Ministerio del Interior, porque consideraban que «la policía estaba jugando a espías».
De todos modos, el trabajo estaba iniciado, con diecisiete investigaciones personales con el sello de confidenciales y otras secretas sobre el presidente Artur Mas, el periodista Carles Porta, el abogado Gonzalo Boye, además del resto de implicados en la causa Volhov. Era la operación Troya, que el juez divulgó en varios medios internacionales, lo que generó que los investigados aparecieran en varias listas negras internacionales. La fiscalía se puso de perfil, pero la Audiencia de Barcelona terminó esta semana con lo que posiblemente es una de las instrucciones más vergonzosas de los últimos años de la judicatura española. La matrioixca se ha roto.
