La Audiencia de Madrid considera que no se ha investigado adecuadamente el caso de espionaje al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, con Pegasus. Así lo ha decidido la sección quinta de la Audiencia de Madrid, que ha revocado el archivo de las diligencias abiertas decretado por el juzgado de instrucción número 29 de Madrid, con lo que daba carpetazo a la intromisión en las comunicaciones del letrado con un sistema remoto.
Los magistrados concluyen que hay suficientes indicios que justifican la continuidad de la instrucción. De hecho, el auto, de diez páginas y al que ha tenido acceso El Món, admite el informe emitido por The Citizen Lab, que recogía unos dieciocho intentos de intromisión en el móvil del abogado entre enero y mayo de 2020. El hecho de que la jueza de instrucción no diera suficiente credibilidad al informe no convence a la sección quinta. Además, argumenta que el mismo Parlamento Europeo ya «anticipaba que, si los jueces no permiten aceptar el informe de The Citizen Lab como prueba de expertos en el caso, representará una dificultad de probarlo para las personas objeto de vigilancia».
Las diligencias «necesarias»
La resolución indica que Boye, como abogado de Puigdemont y del presidente Quim Torra, habría sido víctima de los 18 intentos a través de tuits de organizaciones de la sociedad civil o de destacados medios de comunicación. Asimismo, indica que The Citizen Lab ha confirmado que, «al menos el 30 de octubre de 2020, ocurrió una infección con éxito, justo 48 horas después de la detención de uno de sus clientes».
Un indicio que permite a la magistratura avisar a la jueza de instrucción que debe llevar a cabo «diligencias necesarias». Así, propone la declaración, en calidad de testigos-peritos, de los expertos de Citizen Lab, John Scott-Railton, William Marczak, Bahr Abdul Razzak, Siena Anstis, Gözde Böcü, Salvatore Solimano y Rono Deibert. Todos firman el informe de Citizen Lab.
También ofrece requerir a las entidades Q Cyber Technologies LTD., NSO Group Technologies Ltd. y Osy Technologies S.A.R.L. que aporten la «documentación acreditativa de todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que hayan suscrito con el gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier otro organismo o empresa pública o privada española o que trabaje con entidades españolas, para el uso del software Pegasus en el territorio de España». También apunta que el abogado debería llevar una pericia privada sobre la infección del teléfono.
