La Fiscalía General del Estado ha comenzado a contraatacar la ofensiva del ala más derechista de la magistratura tocando una tecla hasta ahora inédita y bastante audaz. En concreto, el sistema de recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional que considere notoriamente politizados. Así lo ha expresado, negro sobre blanco, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado procesado, en la memoria anual de 2024 presentada este viernes en la ceremonia de apertura del año judicial, presidida por el monarca español, Felipe de Borbón.
De hecho, el reproche del ministerio público llega a raíz del Proceso catalán y la aplicación de la ley de amnistía, a través de los diferentes recursos interpuestos por organismos del Estado contra la ley del olvido penal para los independentistas. En detalle, la recusación del magistrado catalán y profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) José Maria Macías. Una recusación impulsada, de manera inédita, por la Fiscalía del Tribunal Constitucional -elogiada el viernes por García Ortiz en su discurso- y que costó sudor y lágrimas que fuera estimada. Por lo tanto, la Fiscalía General pide mejorar un sistema que entiende que actualmente «erosiona» la institución.
No es nuestro trabajo… pero
Así, en la memoria de 2024, el fiscal general recalca como una de las actividades estrella del año el proceso de recusación impulsado por el ministerio público contra Macías. Todo a raíz de sus declaraciones e informes contra la ley de amnistía firmados cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unos informes agresivos y contrarios a la ley que la Fiscalía consideró que le hacían perder la imparcialidad necesaria para participar en los procesos del Tribunal Constitucional contra la ley o bien de petición de la aplicación de la ley en casos concretos, como los de los condenados por malversación por el Tribunal Supremo a raíz del Primero de Octubre.
El ministerio público destaca que aunque finalmente la recusación fue estimada el 15 de enero de 2024, dos magistrados impugnaron la decisión de la mayoría del tribunal a través de dos votos particulares alegando tanto aspectos procesales como de fondo. Pero se apunta el gol de haber expulsado a un magistrado claramente marcado ideológicamente y critica que sea tan difícil poder apartar a un togado de decisiones clave cuando lleva una mochila crítica con el proceso sobre el cual deben decidir.
«Revisen el sistema»
Con un estilo extrañamente claro y directo nada habitual, la Fiscalía exige a los poderes públicos cambiar el sistema de recusaciones para hacerlo más eficaz y más rápido. «Sin perjuicio de sostener, obviamente, la existencia de motivos fundados para subsumir los hechos en los supuestos legales de recusación que se invocaban, considera esta Fiscalía propicia la ocasión para insistir en la probable conveniencia de que el Tribunal Constitucional –si no el Legislador– revise en profundidad el tratamiento de la recusación aplicada a sus miembros, en particular respecto de los motivos objetivos que enuncia el artículo 219 Ley Orgánica del Poder Judicial», pone por escrito en la memoria.
De hecho, el ministerio fiscal, con este redactado critica abiertamente el sistema actual para apartar a los magistrados y responsabiliza tanto al poder legislativo como al Tribunal Constitucional, tacaño a la hora de apartar magistrados. La reforma que reclama la fiscalía del artículo 219 implicaría retocar y aclarar las causas por las cuales un magistrado debe ser apartado y más si, como en el caso de Macías, es clarísima su incompatibilidad con el proceso.
«No nos corresponde aportar sugerencias de solución a un problema cuyo diagnóstico excede de nuestra competencia; pero sí observar la erosión que genera al prestigio del Tribunal y de sus miembros un régimen de abstención y recusación manifiestamente mejorable», concluye sin rodeos la Fiscalía.
