Como ya señaló en la petición de su escrito de acusación de la semana pasada, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón ha pedido al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que encarcele al exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, porque considera que ahora sí hay riesgo de fuga. Un riesgo basado como explicó en su escrito de calificación por la gravedad de los delitos que se le imputan y penas que llegan a casi 30 años de prisión por irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia de la COVID.
A la petición también se han sumado las acusaciones populares. Todas piden que sean sin fianza. La petición se ha sustanciado en la vista solicitada por la fiscalía para modificar las medidas cautelares. Si el juez, hasta ahora reticente a decretar una medida excepcional de este tipo, aprueba y decreta la prisión, sería la primera vez que un diputado en el Congreso en activo ingresa en prisión. Una situación que su abogado ya ha advertido que impugnará porque supondría una vulneración de su derecho a la representación política. Ábalos ha pedido la palabra brevemente durante la vista para asegurar al magistrado que no tenía intención alguna de huir.
Las acusaciones populares presionan al juez
Si bien la Fiscalía, que hasta ahora no había pedido prisión como sí hizo con Santos Cerdán, reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, soborno, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada y una multa de 3,9 millones de euros, las acusaciones elevan la petición. Así solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que Fiscalía más dos más: prevaricación y falsedad en documento oficial.
Además, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para el empresario Víctor de Aldama, atenuando la pena propuesta por su «confesión», que sirvió para destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como líder al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
