La Fiscalía Superior de Cataluña ha informado que no se opone a suspender el ingreso a prisión de la expresidenta de Junts, Laura Borràs, mientras se tramita su petición de indulto por el caso de los contratos fraccionados cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En su escrito, el Ministerio Público explica que, “con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en caso de que se resolviera favorablemente la petición de indulto, no se opone a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, siempre que este tribunal eleve al gobierno la petición de indulto acordada”. La expresidenta del Parlamento fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa por prevaricación y falsedad documental.
El mismo TSJC, en su sentencia, propuso al gobierno español un indulto parcial por la pena de prisión hasta el tiempo que excediera los dos años y ahora la fiscalía propone que la pena, con la multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, comience a cumplirse. El Tribunal Supremo confirmó hace unas semanas la condena, pero descartó proponer el indulto al gobierno español, como sí había hecho el TSJC. La defensa de Borràs sí ha solicitado el indulto.
En cuanto a los otros dos condenados, la fiscalía también apuesta por flexibilizar las condenas. Isaías Herrero, informático conocido de Borràs a quien adjudicó 18 contratos menores valorados en 335.700 euros, fue condenado a 24 meses de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad en documento oficial y coautor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La fiscalía ha tenido en cuenta su “colaboración y arrepentimiento” durante el juicio y solicita que se le sustituya el ingreso a prisión por trabajos comunitarios.
El Supremo se ensaña con Borràs
A mediados de febrero, el Tribunal Supremo confirmó por unanimidad la condena a Borràs. También descartó que se le pueda aplicar la ley de amnistía. En la sentencia, el Supremo desestimaba el recurso de la expresidenta de Junts, que había denunciado que la pena era “desproporcionada”. El alto tribunal considera que la condena era proporcional porque los hechos que se probaron durante el juicio muestran una “conducta inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios que informan cómo debe actuar la administración pública”. Una afirmación muy dura con Borràs. La resolución del Supremo tampoco tuvo en cuenta el voto particular de un magistrado del TSJC que consideró que se le debería haber aplicado una pena menor.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, denunció “el ensañamiento” del Supremo contra Borràs y calificó su actuación como un “caso de lawfare de manual” y cargó contra la justicia española. “Se va consolidando como el Guantánamo de la justicia europea, y este episodio lo confirma”, espetó tras la confirmación de la sentencia. “Esta decisión es un ensañamiento, endurece una sentencia que ya era dura”. Turull puso el partido a disposición de Borràs por un “episodio más de la dinámica de rebeldía y fanatismo político que desde hace meses está instalada en la Sala Penal”.
