Lluís Puig no entregó en Aragón las 44 obras de Sixena del Museo de Lleida que le reclamaba el juzgado de Huesca porque no pudo, y no porque no quisiera. Esta ha sido, en esencia, la estrategia de su defensa, ejercida por Jaume Alonso-Cuevillas, en el juicio que se ha celebrado este jueves por la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La vista ha comenzado con las cuestiones previas, en las que la defensa ha solicitado la suspensión del juicio hasta que Puig, que está exiliado, pudiera participar por videoconferencia, ya que la justicia belga está en un periodo de adaptación de la nueva legislación, más exigente con la protección del derecho a la defensa en estas situaciones, y aún no tiene los recursos organizados para aplicarla. Sería necesario, por ejemplo, la presencia de un juez y otro personal. Cuevillas ha solicitado la suspensión temporal porque más adelante sí que será posible hacer esta conexión para declarar como imputado. Sin embargo, y tras una pausa para que el tribunal pudiera deliberar, el magistrado que presidía la vista, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha comunicado que se desestimaba la petición y que se podía realizar el juicio en ausencia del acusado, ya que no se le pedía pena de prisión porque el delito imputado, de desobediencia, no lo prevé.
Una vez se ha reanudado, ha habido otros contratiempos. De entrada, la presencia del predecesor de Puig en el cargo de consejero de Cultura, Santi Vila, ha sido totalmente estéril, ya que como acusado en otro procedimiento por el mismo caso –él no es aforado y no lo juzga el TSJC– se ha acogido al derecho a no declarar. Y luego ha venido un primer intento de tomar declaración a un testigo de la acusación, Itziar Alcalá Prats, jefe de bienes muebles del gobierno de Aragón, que fue designada perito en el caso por el juzgado de Huesca. Los problemas de sonido han obligado a volver a suspender la vista para intentar solucionarlos, pero la prueba ha sido infructuosa y se ha reanudado la sesión con otros testigos. A partir de este punto se ha comenzado, finalmente, a entrar en el debate sobre la supuesta culpabilidad o inocencia de Puig.
Con una fiscalía que ha mantenido un perfil bajo y apenas ha hecho preguntas a los testigos, el protagonismo ha sido para Jorge F. Español Fumanal, el abogado de la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena –con una tensión constante con Barrientos, que le ha cortado las alas una y otra vez por expresiones y preguntas que ha considerado impertinentes– y la defensa de Jaume Alonso-Cuevillas. La batalla y el debate ha sido sobre si Puig desobedeció abiertamente y de manera reiterada –que es lo que exige la jurisprudencia– o las complicaciones técnicas y jurídicas del caso le impidieron entregar las obras reclamadas antes de ser destituido por el 155, a finales de octubre de 2017, menos de cuatro meses después de tomar posesión del cargo y recibir el requerimiento judicial que le acusan de haber desobedecido.
La acusación particular: «Se pretende hacer creer que este señor es inocente, ¡pero si es independentista!»
La tesis de la acusación, tanto de la fiscalía como del abogado Español, es que había la decisión política de la Generalitat y, por lo tanto, del consejero de Cultura de no entregar a Sixena las 44 piezas que estaban en el Museo Diocesano de Lleida, que habían sido adquiridas a las monjas que regentaban el monasterio de Sixena, en los años 80, por 300.000 pesetas. El hecho de que otras piezas que estaban en el MNAC ya hubieran sido entregadas –en la etapa de Santi Vila, antes de Puig– no hace desistir a la acusación de sus argumentos. Según el fiscal, simplemente, la Generalitat «entregó lo que quiso y no entregó lo que no quiso». Lo que no ha expuesto el ministerio público ha sido cuál sería la razón de esta voluntad variable.
Sin tener una explicación alternativa, la fiscalía ha rechazado los argumentos de la defensa, que ha recordado que las piezas del museo de Lleida formaban parte de una colección declarada de interés cultural que estaba «en posesión» de un consorcio formado por la Generalitat, la Diputación de Lleida y el Obispado de Lleida. La consejería de Cultura, por lo tanto, no podía entregar las piezas por su cuenta.
Mientras que la fiscalía se ha limitado a no creer los argumentos de la defensa, la acusación particular ha ido mucho más lejos. «Se pretende que este señor es inocente, pero ¡si es independentista! Seguro que está orgulloso de no haber entregado las obras, y el hecho es que no hizo nada para devolverlas, ninguna acción en este sentido», ha dicho, dejando al descubierto la lectura política y no jurídica ni técnica –desde el punto de vista del patrimonio artístico– que hace del caso el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena. Para poner la guinda, el letrado Español ha añadido: «No sé por qué lo niega, debería reivindicarlo, como independentista quedaría mejor, si no es que ha cambiado de bando como ha hecho Santi Vila».
La defensa: «Si hubiera entregado las obras ahora lo estarían juzgando por prevaricación»
Para apoyar sus argumentos, la defensa ha preguntado a varios testigos vinculados con la consejería de Cultura por las dificultades técnicas a las que se enfrentaba Lluís Puig para hacer la entrega de las obras requeridas por el juzgado de Huesca que se encargaba de la ejecución de la sentencia favorable al Ayuntamiento de Vilanova de Sixena después de años de reclamación. Lo primero que ha querido dejar claro Cuevillas ha sido el contenido de la interlocutoria de junio de 2017 que se le comunicó a Puig el 7 de julio, el primer día que ponía los pies en la consejería, al día siguiente de tomar posesión del cargo en el Palau de la Generalitat. «Se le daba de plazo hasta el 25 de julio para comunicar cómo pensaba hacer la entrega, no para hacerla», ha recordado. Y lo que hizo Puig fue entregar a la funcionaria del TSJC que le había entregado el requerimiento un escrito redactado por los servicios jurídicos del departamento, firmado por él, en el que hacía notar la complejidad del expediente y pedía tiempo para poderlo estudiar. Y nunca recibieron respuesta.
Para exponer este aspecto del caso, la defensa ha llamado a declarar a Maria Pilar Bayarri, jefa de los servicios jurídicos del Departamento de Cultura. «El consejero quería cumplir el requerimiento, pero no podía porque la Generalitat no estaba en posesión de las obras, la posesión era del consorcio del Museo Diocesano de Lleida. De hecho, el museo había solicitado personarse como parte interesada en la causa, pero la jueza lo desestimó. Pero la Audiencia de Huesca dio la razón al museo, les reconoció la legitimidad para personarse, y la jueza hizo caso omiso», ha resumido Bayarri.
También Xavier Muñoz Puiggròs, letrado de la Generalitat que llevó el pleito civil en el caso Sixena, ha declarado en el mismo sentido. Tanto a preguntas de la fiscalía –ha sido uno de los pocos testigos a los que el ministerio público ha planteado alguna cuestión– como de la acusación particular, Muñoz ha vuelto a diferenciar «la propiedad» de las obras de «la posesión». «Aunque el consejero fuera, por razón de su cargo en la Generalitat, el presidente del consorcio del Museo, eran dos personas jurídicas diferentes», ha hecho notar al tribunal. «Tampoco dependía del director del museo, que no sé qué funciones tiene exactamente, pero en todo caso la capacidad de decisión sobre las obras era del patronato directivo del consorcio», y no de una sola persona física, ha concluido Muñoz.
Estos testimonios son los que han permitido a Cuevillas, en su informe final, advertir que Puig no desobedeció, sino que se informó sobre cuál era la situación, qué trámites se debían realizar y cuáles podía hacer él. «Si hubiera actuado por su cuenta y hubiera entregado las obras sin contar con el consorcio, del cual era presidente pero también un miembro más, ahora no lo estarían juzgando por desobediencia sino por prevaricación», ha sentenciado antes de pedir su libre absolución.
La acusación particular, indignada por la «multa de mileurista» que pide la fiscalía
La fiscalía ha mantenido su petición de dos años de inhabilitación –lo que podría hacerle perder el acta de diputado que tiene en el Parlamento de Cataluña– y de una multa de 6.000 euros –a razón de 18 euros por día. Para el abogado de la acusación particular –que ha asegurado que «en otros países podría pedir tres o cuatro años de prisión para Puig–, esta multa sería totalmente insuficiente. «Sería una multa para un mileurista, no para un consejero, y las multas se fijan en función de la renta. No sé qué hará el tribunal en este caso, pero ¡18 euros, no!», se ha escandalizado el abogado Español. El juicio, en todo caso, ha quedado visto para sentencia y ahora está en manos de un tribunal presidido por Barrientos, que ya condenó a Laura Borràs y Quim Torra entre otros. Esta vez, sin embargo, se ha mostrado extremadamente garantista y ha cortado, por no pertinentes, muchas de las preguntas y manifestaciones de Español, que ha llegado a decir que tenía «miedo» de ser expedientado disciplinariamente por el tribunal y ha estado a punto de hacer perder la paciencia al presidente del TSJC.
