Dos años después de una detención de Telenotícies, y una instrucción lentísima, la alcaldesa de Sitges de ERC, Aurora Carbonell, esta mañana ha declarado ante la jueza de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú. Una declaración que se enmarca en el caso Sitges de prevaricación, malversación y falsedad documental por unas irregularidades en la concesión de subvenciones y por adjudicaciones a entidades como la Taula del Tercer Sector. Un caso que a medida que se ha alargado la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) ha perdido fuerza. Además, de una prórroga de la instrucción fuera de plazo que ha obligado a la jueza a fijar en 2017 la fecha máxima de investigación, y no desde 2014 como inicialmente se había determinado.
Después de que haya declarado el exalcalde Miquel Forns, acompañada por una treintena de militantes, cargos y dirigentes de ERC de Sitges, del Garraf y del Penedès, Carbonell ha llegado al juzgado antes de las once y lo ha abandonado menos de una hora después. Una declaración corta aunque ha respondido a todas las defensas que lo han solicitado y a las dos representantes del ministerio fiscal. La jueza no ha formulado ninguna pregunta. Carbonell, asistida por el abogado Andreu Van den Eynde, ha defendido su inocencia así como la del resto de políticos imputados y de los trabajadores del Ayuntamiento de Sitges. «Posiblemente esté aquí por motivos políticos, pero no soy yo a quien deben preguntar», ha resumido Carbonell tras expresar su satisfacción de poder declarar dos años después de lo que fue una «detención humillante».
Las defensas de las prácticamente dos decenas de investigados pedirán el archivo una vez comprueben que no hay pendiente ninguna diligencia de investigación. Todas consideran que «aquí no hay nada» y que es una causa que no «prosperará penalmente», que en todo caso, puede haber errores administrativos, pero en ningún caso penales.
«Defender el Ayuntamiento»
«Hoy he podido explicarme y he venido sobre todo a defender también el Ayuntamiento de Sitges y los profesionales que tenemos en la casa que actuamos correctamente siguiendo los procedimientos administrativos que se requieren», ha contextualizado la alcaldesa en respuesta a los medios que la esperaban tras la declaración judicial. De hecho, fuentes jurídicas del caso aseguran que la sesión ha ido muy rápido y en la «se ha profundizado poco» porque «no se sabía qué preguntar». Así, indican que se preguntaban sobre «facturas concretas» o sobre «servicios que se han licitado en dos contratos y que nos preguntaban por qué se habían licitado en dos contratos». «Incluso, sobre una factura de 200 euros», aseguran las mismas fuentes.
«Ni Forns ni Carbonell pueden responder del detalle de los contratos, de la factura o la contabilidad… hay miles de contratos, los alcaldes no tienen ninguna responsabilidad sobre el inicio de un contrato, ni sobre la existencia de crédito, ni de los trámites del procedimiento, sobre la elección de los proveedores… responden a una dirección política, no técnica», apuntan las mismas fuentes del caso. «Son los técnicos quienes lo pasan a la firma, y nunca había habido ningún problema, incluso de la misma intervención del Ayuntamiento, hasta que un buen día, la intervención no vio suficientemente justificadas unas subvenciones, y se reclamaron y se resarcieron», añaden.
Carbonell ha explicado que la fiscalía les ha pedido «detalles de fechas, de cuándo se contrataron algunos servicios, pero claro, es evidente que desde una alcaldía esos detalles no puedes saber». «Mi defensa básicamente es eso, yo sigo defendiendo que el trabajo que hacen los profesionales del Ayuntamiento de Sitges es el correcto, porque para eso son profesionales y están al día, además, de la normativa, como va cambiando, y que los procedimientos administrativos se hacen correctamente», ha remarcado. Asimismo, ha negado los «favoritismos intencionados» a algunos proveedores o entidades. «Nosotros siempre trabajamos por el interés general», ha rematado. En este punto, ha recordado que las subvenciones a la Taula del Tercer Sector -uno de los pilares de la instrucción-, una vez la intervención alertó que no las habían justificadas, se abrió un procedimiento administrativo de retorno de las subvenciones. «Se pidió el reintegro de todas estas subvenciones; es decir, es como si no se hubieran dado», ha subrayado.
Una detención «humillante»
Para Carbonell, el punto de interés del ministerio fiscal «era saber si teníamos mucho conocimiento en los procedimientos de las facturaciones, de las subvenciones». «Como he dicho siempre, y vuelvo a repetir, siempre se ha actuado correctamente, siguiendo las tramitaciones previas y todos los procedimientos que implican hacer contratos o hacer subvenciones, que son procedimientos, es verdad, muy largos», ha aclarado. «Yo siempre defenderé a los trabajadores y las trabajadoras de la casa», ha remarcado.
En este contexto, la alcaldesa ha querido enfatizar que ha aprovechado la declaración para cargar contra la oleada de detenciones de junio de 2023. Un arresto que ha calificado de «humillante» por lo que espera que ahora también «se resarza la imagen de Sitges y la institución del Ayuntamiento de Sitges». «Se les dio la documentación, los esperamos y les abrimos todo lo que querían, y me miraron la boca a ver si llevaba hojas de afeitar, como tenernos cuatro horas esposados», ha rememorado. A la vista de todo lo sucedido, la alcaldesa considera que hoy ha tenido que ir al juzgado «posiblemente por motivos políticos». «Es extraño porque el caso es puramente procedimientos administrativos… Nunca habían tenido que llegar a este punto», ha concluido.
