Tras meses de tener el procedimiento detenido, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú, ha decidido encarar la recta final de la investigación del caso Sitges. Un caso judicial complicado, que saltó a la palestra pública el 21 de junio de 2023, que investiga la actuación del consistorio con la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, una entidad social y una cooperativa, con posibles piezas separadas –como la carpeta sobre el régimen de los chiringuitos de playa. Al final, la instructora no ha tenido más remedio porque los tiempos procesales la obligan a cerrar la instrucción con las pruebas acordadas antes de la última prórroga acordada.
De esta manera, la actual alcaldesa de Sitges, la republicana Aurora Carbonell, y el exalcalde del municipio, el entonces convergente Miquel Forns, están citados para declarar el próximo 9 de junio, después de su detención hace ahora dos años. La misma diligencia de ordenación de las citaciones también estima en parte el recurso de la defensa de Carbonell con el que pedía detener la instrucción porque no se había prorrogado bien. De esta manera, el juzgado ya no puede admitir ninguna prueba ni ninguna diligencia más de las acordadas antes de la providencia del 12 de abril de 2024, cuando finalizaba la primera prórroga de la instrucción. Una buena noticia, según la defensa de Carbonell.
Suspensiones continuas
El caso se ha dilatado y la investigación del Grupo 32 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha acumulado una cantidad ingente de documentación para analizar que ha ralentizado la instrucción. Todo ello, ha provocado tres suspensiones de la declaración de la jueza. La última vez el pasado 18 de marzo porque era necesario “ampliar diligencias”. Mientras tanto no ha habido citaciones de testigos desde el pasado mes de abril.
Ahora, la alcaldesa y el exalcalde deberán pasar por el juzgado. De hecho, Carbonell siempre ha mostrado públicamente su voluntad de declarar. En todo caso, las declaraciones se podrán practicar porque se acordaron antes de la prórroga de la instrucción y, por tanto, no se ven afectadas por su anulación de las pesquisas que se pudieran aprobar con posterioridad.
Hay que recordar que las instrucciones tienen una duración de seis meses prorrogables y 18 meses en las causas declaradas de “complejidad”. En todo caso, la jueza debía pedir a las partes y al ministerio fiscal tres días antes de acabar el plazo su parecer como partes. Aunque la primera prórroga de 10 de enero de 2023 fue correcta y la subsiguiente también, no fue así con la última.
