Respondida contundente, y conjunta de los investigados en la macrocausa del Tsunami Democrático, por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Justo l‘día siguiente que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, e instructor de la causa, Manuel García Castellón, citara todos los investigados el 22 de mayo, todos han replicado. Lo han hecho con un comunicado conjunto donde acusan a la justicia española de alinearse con la extrema derecha para deslegitimar la ley de amnistía y de hacer un «uso fraudulento del delito de terrorismo».
Así Oriol Soler; Xavier Vendrell ; Marta Molina; Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el directivo de Òmnium Cultural, Oleguer Serra Boixaderas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay, así como Òmnium Cultural, ERC, Juntos por Cataluña y la CUP firman un documento muy duro donde insisten en la persecución política en que se basa la causa del Tsunami Democrático.
Uso arbitrario del terrorismo
Según el comunicado, la investigación «se trata de una causa política por parte de unos tribunales que no son competentes ni tampoco imparciales». En el contexto actual de adelanto en la resolución democrática de un conflicto político y de tramitación parlamentaria de una ley de amnistía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley que cumple los estándares internacionales, tal como ha confirmado la Comisión de Venecia», acusan los firmantes. «Por eso, se usa la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida», resaltan los investigados y las formaciones que le hacen apoyo.
«Este uso fraudulento del delito de terrorismo, y su infundada atribución a las personas que firmamos esta declaración, se suma a años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales al tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados en Cataluña», añaden los imputados. «Ante esta situación y la indefensión jurídica que provoca, queremos hacer valer las garantías de nuestros derechos, actualmente amenazados, que cualquier estado de derecho tendría que asegurar en un sistema democrático», condena el documento. Así mismo, hacen constar que las protestas eran contra una sentencia que acabó con los indultos de los condenados y la derogación del delito de sedición que sirvió para condenar a casi ciento años de prisión los líderes civiles e institucionales del independentismo.
