Nueva jornada después de la larga sesión de ayer en el juicio por prevaricación y falsedad documental a la presidenta suspensa del Parlament, Laura Borràs, el informático Isaías Herrero y Andreu Pujol. Después de que este miércoles la defensa de Borràs apretase los Mossos d’Esquadra hasta hacerlos caer en una trampa interesante –introducir la sospecha que llevaron a cabo una investigación prospectiva–, este jueves, los investigadores de la Guardia Civil han manifestado que concluyeron, a la vista de las pruebas recogidas, que Herrero hacía presupuestos falsos para la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y que Borràs lo consentía.
Por otro lado, esta mañana han declarado los ex consejeros de Cultura Ferran Mascarell i Santi Vila. Los dos han asegurado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que nunca nadie les habló de presuntas irregularidades en contratos de la Institución de las Letras Catalanas cuando Borràs era la directora. De hecho, fue Mascarell quien nombró a Borràs para el cargo. La vista ha tenido los habituales choques entre la defensa de Borràs y el presidente del Tribunal, Jesús Maria Barrientos, por la forma de los interrogatorios. Uno de los hechos que han destacado en la sesión de hoy es que se ha constatado que no había ninguna obligación legal de tener tres presupuestos para elegir uno.
La Guardia Civil apunta a Borràs, pero admite que no hay obligación de presentar tres presupuestos
Los dos instructores de la causa por parte de la Guardia Civil han narrado que asumieron la causa, que provenía de los Mossos d’Esquadra, por orden de la jueza de instrucción de Barcelona. Revisaron toda la documentación y, incluso, pidieron autorización para reclamar más información a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). A la vista de los indicios recogidos llegaron a la conclusión que Herrero hacía presupuestos falsos para la ILC y que Borràs era quién lo permitía. Los guardias civiles, pero, también han reconocido que legalmente no era obligatorio que los contratos menores contaran con tres presupuestos previos, pero sí que lo han definido como una exigencia interna del Departamento de Cultura.
En su testifical, los guardias civiles sospecharon de uno de los testigos de ayer, Roger Espar, miembro del equipo de administración de la ILC, que en un principio había llegado a estar imputado. Los investigadores entendían que podía estar implicado en la misma trama de permisividad con Herrero. Ahora bien, los policías también han admitido que no encontraron ninguna queja formal de Assumpta Pagespetit, que ayer afirmó en su testifical que rechazó recibir los presupuestos que hacía Herrero porque «no le gustaba aquella manera de hacer las cosas». Uno de los testigos de descargo ha sido del que fue director de la ILC después de Borràs, Oriol Ponsatí, que ha afirmado que «toda la contratación de la institución era menor». «Solo hice un acuerdo marco y fue para la limpieza», ha añadido. Ponsatí también ha alabado el trabajo de Herrero.
La defensa de Borràs apunta a una investigación prospectiva de los Mossos
Después de una mañana complicada, la defensa de Laura Borràs pudo sacar petróleo ayer. En la sesión de tarde, los investigadores de los Mossos d’Esquadra explicaron que buscaron en los mails del informático Isaías Herrero –que ha pactado con la Fiscalía– el nombre de “Laura Borràs”, “Borràs”, “institución” o “18.000 euros”. Una investigación que, además, se llevó a cabo durante noviembre de 2018, cuando Borràs ya estaba aforada como consejera de Cultura. Una investigación a “ciegas” que ha despertado las suspicacias de su defensa.
Los investigadores se defendieron alegando que es una técnica de investigación que utilizan de manera habitual. Pero en este caso, solo querían “recoger información sobre la relación de Isaías Herrero con la Institució de les Lletres Catalanes y no investigar a Borràs». Al final, ya era aforada y la investigación iba a cargo de un juzgado de instrucción de Barcelona y no del TSJC. En todo caso, una filtración sobre el registro provocó que la juez instructora cambiara de policía judicial, pasando la investigación de los Mossos d’Esquadra a la Guardia Civil. La declaración de la policía de la Generalitat era clave en el sentido de que habían recogido mensajes con que Borràs daba a Herrero instrucciones de cómo tenía que hacer los presupuestos y como presentarlos para los contratos menores que le tenían que ser adjudicados.
Los “trapis” de Herrero con Borràs
Los Mossos admitieron que tenían sospechas que Herrero había hecho irregularidades con Borràs a partir de la intervención de las comunicaciones. Una conversación telefónica con que Herrero explicaba que tenía “trapis” con Borràs. En este contexto han defendido la validez de la prueba recogida porque una vez confiscaron los mails, los precintaron y los llevaron al juzgado. Unas explicaciones ante las dudas generadas sobre la custodia de la prueba.
De hecho, el interrogatorio de Gonzalo Boye como abogado de Borràs volvió a provocar tensión con el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos. Boye manifestó que se hacía inviable interrogar cuando Barrientos ponía límites a sus interrogatorios. El magistrado replicó que quizás este hecho tiene que ver con la manera de interrogar. Esta mañana se han registrado nuevas escaramuzas entre el equipo legal de Borràs y Barrientos.
