La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación ante la Audiencia Nacional en el que solicita al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco presuntos delitos que se le atribuyen -pertenencia a organización criminal, soborno, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada- por su supuesta participación en el caso mascarillas. También ha reclamado que se le imponga una multa de 3,9 millones de euros.
El escrito, firmado por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, de 21 páginas y al que ha tenido acceso El Món, detalla la participación de cada uno de los implicados en la hipotética trama. Así, al exasesor de Ábalos, Koldo Garcia, reclama 19 años y medio de prisión, por los mismos delitos de Ábalos y la misma multa, y para el empresario Víctor de Aldama, 7 años de prisión, aplicándole la atenuante de confesión, así como una multa de 3,8 millones de euros. Además de las multas, la fiscalía también exige que Ábalos y Koldo indemnicen «conjunta y solidariamente» a la empresa Ineco -en 34.477,86 euros- y Tragsatec -en 9.500,54 euros-. Asimismo, pone en la lista el «decomiso de las ganancias» que provienen del supuesto soborno, por un importe de 430.298,4 euros.
«Ejercer presión moral»
El relato del fiscal carga especialmente contra Ábalos. De hecho, lo acusa de haberse aprovechado de su cargo de ministro de Fomento y de la «consecuente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios del ministerio» para «ejercer siempre a través de Koldo García una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación de determinadas empresas» así como la contratación laboral de determinadas personas. En el mismo sentido, destaca lo que califica de «trapicheo» en las contrataciones de obra pública que dependían de su ministerio.
En lo que respecta a Aldama, el fiscal califica sus confesiones de «relevantes, veraces, que se constatan con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento». Además, subraya que no han sido «autoexculpatorias» porque Aldama «admite de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración». De hecho, el ministerio público resalta sus explicaciones sobre la entrega de dinero en efectivo o el alquiler de viviendas para Ábalos.
