La junta de fiscales de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha rechazado por mayoría el informe presentado por el fiscal Álvaro Redondo, en el que aseguraba que no hay bastantes indicios para interpretar como delito de terrorismo al caso de Tsunami Democrático que investiga la Audiencia Nacional. La decisión supone una pequeña victoria para el juez que instruye el caso, Manuel García Castellón, que insiste en imputar el delito de terrorismo al presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, y a la secretaria de ERC, Marta Rovira. Una decisión que ha agrandado la crisis abierta dentro del poder jurisdiccional español.
Una decisión que llega marcada por acusaciones y reproches entre los sectores progresistas y conservadores del ministerio público en las últimas horas. De hecho, el mismo Redondo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvieron que emitir sendos comunicados desmintiendo las informaciones sobre un encuentro donde se habría cambiado de criterio. En concreto, en una reunión del 30 de enero, el jefe del ministerio público habría obligado a cambiar de criterio el fiscal designado por reparto para informar al Tribunal Supremo sobre la causa de Tsunami Democrático. Según esta versión, si en un principio Redondo aceptaba la idea de imputar por terrorismo a Puigdemont y a Rovira, después de la audiencia con García Ortiz cambió de idea. Un hecho que los dos han desmentido por escrito.
Un encuentro tenso
La reunión de la Junta de Fiscales estaba presidida por un viejo conocido de la lucha judicial contra el Procé, el fiscal Fidel Cadena, y por Joaquín Sánchez-Covisa, otro veterano de la fiscalía penal del alto tribunal. El único punto del orden del día era debatir este dictamen, donde Redondo aseguraba que compartía la visión de su compañero de toga de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que no ve terrorismo en ninguna parte.
El informe presentado opina que los indicios recogidos por García Castellón son débiles para una imputación por terrorismo, solamente suficientes para un delito de desórdenes públicos agravados. En cambio, un sector de los quince fiscales que participan al encuentro, defienden que sería un terrorismo de baja intensidad y otros abogaban por investigar los hechos como un delito de terrorismo siguiendo la estela del magistrado Manuel García Castellón. Ahora se tiene que emitir un nuevo informe, en el que tendría la clave la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que tendrá que fijar un criterio, incluso llegando a elaborar ella el informe definitivo.
Cuando se emita el informe definitivo de la Fiscalía, se elevará a la sala de lo penal del alto tribunal. Una vez en la sala, el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los otros magistrados si considera que corresponde cursar la exposición razonada firmada por García Castellón, con la que justifica procesar por terrorismo, de momento, a una decena de personas.
