ERC ha cargado contra el Tribunal Supremo por haber ignorado el nuevo delito de malversación y haber mantenido las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha tildado la decisión del Supremo de «golpe a la democracia» y ha criticado que la interlocutoria de Manuel Marchena deja «en papel mojado» el trabajo hecho en el Congreso de los Diputados. Vilalta ha celebrado que, en cambio, hayan caído las penas vinculadas a la sedición y que, por lo tanto, se hayan extinguido las inhabilitaciones de Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
Los republicanos consideran que la arbitrariedad del Supremo «facilitará» el trabajo de las defensas de los líderes independentistas que, a pesar de tener la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, empezarán a preparar pronto el recurso a los tribunales internacionales por si el TC vuelve a dar la razón a Marchena. La portavoz de ERC ha lamentado que el alto tribunal haya decidido hacer «caso omiso» del nuevo Código Penal y ha criticado con dureza el sistema judicial español, a quien ha acusado de ser «retrógrado» y de estar «supeditado a la derecha más extrema» del estado. «La justicia atenta contra el sistema democrático», ha insistido.
Inhabilitaciones y malversación graves a Junqueras, Romeva, Turull y Balsa
La sala de lo penal del Supremo ha condenado a Junqueras, Romeva, Turull y Balsa por un delito de desobediencia en concurso con la malversación y les mantiene la inhabilitación absoluta hasta 2031 en el caso del líder de ERC y de la exconsejera de Derechos Sociales y hasta 2030 para los exconsejeros de Asuntos exteriores y Presidencia. Marchena rechaza así rebajar las penas por malversación por la organización del referéndum del 1-O. «Nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro. El artículo 432 del Código Penal incluye en su tipicidad tanto a quien se apropia de estos fondos como quienes, rompiendo su deber de lealtad en la administración, deciden darles una finalidad inequívocamente ilegal», concluye.
Por otro lado, Marchena ha decidido sustituir la sedición por desobediencia a todos los presos políticos con la excepción de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a quien ha condenado por desórdenes públicos. El magistrado ha justificado la decisión perque los Jordis son los únicos que participaron en actos donde hubo una «alteración de la paz pública y la existencia de actos intimidatorios», en referencia a la concentración del 20-S ante la sede del Departamento de Economía.
