Cuarta jornada del juicio contra la familia Pujol Ferrusola. Una sesión que llegaba después de tres jornadas de cuestiones previas, es decir, «de audiencia preliminar» donde se debían dirimir las alegaciones de las defensas sobre la competencia de la Audiencia Nacional, las prescripciones de los delitos, la vulneración de derechos fundamentales como el principio de incriminación, la aportación de prueba y el incumplimiento de los plazos de instrucción. La sala, que preside José Ricardo de Prada Soalesa, ha decidido demorar la mayoría de las cuestiones en sentencia.
Ahora bien, ha admitido toda la prueba documental solicitada y se ha comprometido a estudiar en la resolución «el origen político» del caso Pujol, en relación a la operación Catalunya. Por ello, las defensas han celebrado que el Tribunal haya pedido a las partes, la declaración del comisario José Manuel Villarejo en Andorra, en la causa de la querella donde está imputado por la justicia del Principado, el expresidente Mariano Rajoy y sus exministros del Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz, y Cristóbal Montoro.
Además, ha admitido cinco testigos clave implicados en la operación Catalunya. Así ha propuesto a las partes unificar las testificales en una jornada del comisario Marcelino Martín Blas, el exdirector Adjunto Operativo, el comisario Eugenio Pino, y los policías Celestino Barroso y Bonificacio Díaz además del mismo Villarejo. Cinco testigos clave que deben aclarar el origen del caso en la declaración de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez y su relación con la policía patriótica así como la captura de pantalla publicada por El Mundo, como noticia criminis, es decir, semilla de la instrucción del sumario contra la familia del expresidente.
Operación Catalunya se colará en el juicio
La estrategia de las defensas ha permitido finalmente que la operación Catalunya entre en el juicio. Aunque el presidente del Tribunal ha advertido que «no quiere otro proceso judicial dentro de este proceso judicial». Ahora bien, el escándalo de la declaración de Victòria Álvarez, la captura del BPA publicada en El Mundo y las comisiones rogatorias de Andorra que las defensas expusieron en las primeras jornadas del juicio ha hecho rendirse a la evidencia al tribunal.
Por lo tanto, ha admitido prueba importante -como la declaración de Villarejo en Andorra, aunque no por comisión rogatoria- y las testificales de los principales nombres de los miembros de la policía patriótica y, en especial, cabe enfatizar la del comisario Eugenio Pino, único condenado por la operación Catalunya a raíz del caso del «llave de memoria de los Pujol». Precisamente, las defensas también impugnaron informes de la UDEF que incorporan información de este llave de memoria expurgado de la causa. Un extremo que el tribunal ha advertido que analizará los intentos de «reintroducción de esta información».
De hecho, el mismo tribunal ha bautizado de «pecado original» estas comisiones rogatorias justo después de la imagen publicada en El Mundo con las cuentas y fondos de los Pujol Ferrusola en Andorra. «Las cuestiones previas de las defensas respecto a la validez de estas comisiones rogatorias requieren un examen profundo», ha argumentado el presidente del Tribunal para defender que deje su resolución en sentencia. Un argumento que también ha utilizado para decidir sobre la acusación de investigación prospectiva, sobre la prescripción de los plazos de instrucción, las entradas y registros en el despacho profesional del asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté y la prueba que se deriva. En todo caso, el tribunal pondrá negro sobre blanco en sentencia qué relación hay con el posible origen político del caso Pujol.
La Audiencia Nacional es competente
Una cuestión que ya ha decidido el tribunal es mantener la competencia de la Audiencia Nacional por una cuestión de «mantenimiento del statu quo procesal». De hecho, los magistrados entienden que las diferentes resoluciones en la causa permiten interpretar que este tribunal especializado debe mantener la causa. Los magistrados concluyen que hay «hechos y delitos» que se han cometido en el extranjero y que, por tanto, «abrazaría la atracción de la Audiencia Nacional». Una cuestión, pues, cerrada que habrá que constatar cómo se acaba de argumentar por parte del Tribunal en la resolución y que apunta a que puede ser carne para futuros recursos por vulneración de derechos fundamentales como un juez predeterminado por ley.
Tres testigos
La jornada, después de las cuestiones previas ha continuado con las testificales previstas de Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, exsecretaria de Jordi Pujol Ferrusola; de su hija, Núria Pujol Gironès; y del empresario José Luis Perelló Molne, exdirectivo del Espanyol y responsable de empresas como Inversiones Dédalo, Corona Téxtil y Sarrià Téxtil y que le vendió una casa en Pedralbes, el barrio alto de Barcelona y había una disfunción entre un documento de Hacienda y la escritura de compraventa, en concreto, que en el documento público constaba un precio de venta de 2,4 millones de euros y la liquidación a Hacienda de 21.000 euros. Todo un misterio que nadie ha sabido aclarar, como también que tardara unos años en cambiar el nombre en el registro de la Propiedad y en el padrón municipal. «Supongo que al ser el hijo del presidente de la Generalitat le daba cosa decir que tenía un chalet en Pedralbes», ha especulado el testigo.
Por parte de la exsecretaria de Jordi Pujol Júnior, su testimonio ha servido para aclarar que, simplemente, le hacía de secretaria con las gestiones habituales y de confianza laboral que otorgan estas funciones. En cuanto a Mercè Gironès, las acusaciones han blandido la actual vivienda de la hija del primogénito, un piso que compró con una donación escriturada de sus padres que se encontraban en proceso de divorcio por ser la única que vivía en Cataluña, de 585.000 euros que incluían el precio, los impuestos y la tramitación. Una compra que se llevó a cabo en julio de 2014, aunque no vivió allí hasta el 2016 que se casó, y era un inmueble de una de las empresas de su padre. Núria Pujol Gironès aunque tenía un salario de becaria en una empresa, su madre le pagaba los gastos como el IBI y los suministros. Al fin y al cabo, tenía una pensión de 2.200 euros al mes que cobraba su madre por el mantenimiento de los hijos en el marco del convenio de divorcio de sus padres. Precisamente, la donación fue en el marco del convenio de divorcio.
Ha sido curioso que, a cuestiones del abogado del Estado, sobre los trabajos de su padre, la testigo le ha tenido que recordar que para las fechas que le preguntaba «solo tenía quince años» y solo sabía que no trabajaba de asalariado. El abogado del Estado también ha sacado los famosos coches de su padre, y Núria Pujol le ha replicado que «era un apasionado de comprar coches en mal estado y restaurarlos» pero no ha podido aportar ningún dato más, como, por ejemplo, el propietario de la nave en Premià que hacía de garaje. En todo caso, Núria Pujol ha insistido en que la relación entre sus padres no es buena. Ahora, el juicio no se reanudará hasta el 12 de enero. El presidente del Tribunal, con gesto amable, ha deseado «felices fiestas» a todos los participantes del juicio.
