El Procés ha generado tantos casos judiciales que la lista es interminable, laberíntica y, sobre todo, llena de recordatorios. Uno de los ejemplos será la vista prevista para el próximo 26 de junio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la sala de vistas III de la planta 6 de la sede en Luxemburgo. Será el momento de presentar las conclusiones del recurso de casación que interpusieron el 15 de septiembre de 2023, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la sentencia del Tribunal General, dictada el 5 de julio de 2023 sobre la decisión del Parlamento Europeo de no otorgarles la inmunidad parlamentaria y conceder el suplicatorio a la justicia española, el 9 de marzo de 2021.
El TGUE decidió desestimar la pretensión de los tres eurodiputados e inmediatamente se decidió presentar recurso. De hecho, Puigdemont sentenció: «Nada termina». La decisión última de la justicia europea sobre la inmunidad parlamentaria y el levantamiento del suplicatorio por parte del Europarlamento, llega cuando solo tres de los recurrentes pueden tener escaño de eurodiputado. En concreto, Toni Comín, que está pendiente del reconocimiento judicial de su condición de europarlamentario. Carles Puigdemont ni se presentó a las pasadas elecciones y Clara Ponsatí ni siquiera milita en Junts y Lliures per Europa, la formación con la que concurrieron por primera vez al Parlamento Europeo, en el año 2019.
Dos elementos clave
En este sentido, prepararon un recurso con diez puntos clave, en los cuales destacaban el fumus persecutionis –intención de perjudicar a un adversario bajo un supuesto argumento legal– y el origen político del proceso penal español por el que se pedía el levantamiento de la inmunidad. El TGUE replicó en aquel momento que no podía acoger sus pretensiones porque el procedimiento abierto contra los eurodiputados es del 2017, antes de ser elegidos y, finalmente, declarados eurodiputados con todas las prerrogativas. Así, el tribunal interpreta que la persecución penal contra los tres exiliados no es para perjudicar su acción política, porque el procesamiento era anterior a su elección para la cámara europea.
El recurso presentado buscaba implicar más al TJUE en los derechos parlamentarios. De hecho, normalmente, el TJUE es más audaz en la defensa de los derechos de los parlamentarios que el Tribunal General de la Unión Europea, que es de la jurisdicción administrativa y defiende con más facilidad la decisión del Europarlamento. Uno de los puntos fuertes del recurso era la falta de imparcialidad de Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión Iuri, encargada de tramitar los suplicatorios, y del ponente del suplicatorio, eurodiputado búlgaro del mismo grupo de Vox. Vázquez ya ni milita en una formación clausurada políticamente.
