La Sala Penal, con Manuel Marchena incluido, ha acordado el archivo definitivo de las actuaciones incoadas por la supuesta trama rusa del Procés. Todo a raíz de una exposición razonada enviada por el ya ex-titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre la investigación de la presunta injerencia rusa en el proceso independentista de Cataluña. La conocida como causa Volhov que se elevó al Supremo para poder imputar a Carles Puigdemont y Francesc de Dalmases, aforados.
La resolución, de ocho páginas y a la que ha tenido acceso El Món, ha tenido como ponente a Antonio del Moral, que aprovecha para elogiar el trabajo del juez expresando que la resolución motivada que remitió al Supremo el 21 de junio de 2024 para justificar la persecución a los independentistas fue «extensa, minuciosa y muy trabajada». De hecho, apuntan que no entran en el fondo porque la ley no se lo permite: «La única salida procesal correcta es archivar sin más ni más las actuaciones».
«No nos corresponde, sin un camino procesal legítimo abierto, analizar ni el fondo de la exposición que ha sido desposeída de eficacia, ni la corrección de la decisión adoptada con plena jurisdicción por la Audiencia de Barcelona», aclaran. «Solo respetar escrupulosamente estas decisiones jurisdiccionales que, de acuerdo con las normas procesales, no estamos llamados a evaluar», concluyen.
No había más remedio
La resolución deja claro que no tenía más remedio que archivar la causa. En definitiva, el Supremo recibió la larga resolución razonada con la que el magistrado Aguirre explicaba la profusa trama rusa del Procés. Pero la sala penal, conformada -además de Marchena y Del Moral- por Susana Polo, Vicente Magro y Andrés Palomo esperaba la decisión de la Audiencia de Barcelona sobre el recurso de apelación presentado por las defensas de todo el grueso de investigados, y dejó en suspenso su decisión.
En esta resolución, la Sala, y siguiendo el hilo del informe del Ministerio Fiscal, explica que se debe acordar el archivo una vez que, por medio de los recursos, la Audiencia Provincial de Barcelona decidió en diciembre la nulidad de la resolución del Juzgado que, entre otras cuestiones, acordaba elevar la exposición razonada que provocó la apertura de estas actuaciones. La Audiencia de Barcelona remitió al Supremo su resolución decretando la nulidad y ahora ha tenido que rematar el asunto.
Aunque la resolución de la Audiencia de Barcelona fue absolutamente dura con el juez Aguirre, incluso, acusándolo de cumplir con las indicaciones de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales superiores, el Supremo es muy magnánimo con Aguirre. Así, no se priva de glorificar su trabajo y sus resoluciones.
