• Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers

Manifiesto de los miembros del sector considerado progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un día antes de la apertura solemne del año judicial, que se celebrará este jueves en la sede del Tribunal Supremo. El comunicado, al que ha tenido acceso El Món, pide que el discurso que debe pronunciar la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, defienda la «independencia judicial» pero siempre que vaya «acompañada de responsabilidad y rendición de cuentas». De hecho, los miembros progresistas del Consejo, si bien defienden la justicia como un poder independiente, también admiten que no puede ser un poder demasiado independiente y que debe rendir cuentas y admitir la crítica.

El escrito reclama que la apertura del año judicial «no se convierta en una mera exposición de cifras, avances organizativos y agravios con otras instituciones del Estado». En este sentido, apuntan que «la creación de plazas judiciales, la ampliación de las oposiciones a la carrera judicial y fiscal y el despliegue de los tribunales de instancia son pasos positivos, pero deben estar acompañados de iniciativas que debe asumir el propio CGPJ para afrontar las demoras, las disfunciones estructurales y el deterioro de la confianza de la ciudadanía, marcando unos objetivos y una hoja de ruta clara». Precisamente, inciden en los problemas que arrastran las jurisdicciones civil, social y mercantil, sobre todo en grandes concentraciones urbanas.

Para los miembros progresistas del CGPJ, el discurso debe incluir el recordatorio de que el «Consejo debe asumir responsabilidades propias, formular compromisos concretos y verificables y situar la igualdad, la protección de las personas vulnerables, la transparencia y la colaboración leal entre las instituciones en el centro de la respuesta a las deficiencias». El manifiesto lo firman Ángel Arozamena Laso, Lucía Avilés Palacios, Ricardo Bodas Martín, Esther Erice Martínez, Bernardo Fernández Pérez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Luís Martín Contreras y Argèlia Queralt Jiménez.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid/Quico Sallés
Sede de la Audiencia Nacional en Madrid/Quico Sallés

La independencia judicial, con cuidado

Los miembros del Consejo sentencian que «la defensa de la independencia judicial debe ir acompañada de responsabilidad y de rendición de cuentas». «La independencia no excluye la crítica legítima a las resoluciones judiciales ni se puede utilizar para evitar el análisis de las disfunciones», alertan. De esta manera, insisten en que «solo se puede consolidar en un marco de respeto a la discrepancia, transparencia en la actuación y explicación comprensible de las decisiones». Un duro golpe contra la bunkerización judicial.

«La confianza ciudadana en la justicia se encuentra seriamente dañada», enmarcan y se muestran inquietos porque «recuperarla requiere una institución capaz de escuchar el descontento, reconocer los problemas y explicar con claridad tanto las actuaciones como las razones que las sustentan». «Una justicia que no se comunica con transparencia se debilita como servicio público y como pilar del estado de derecho», concluyen.

El Tribunal Supremo / Servimedia
El Tribunal Supremo / Servimedia

Autocrítica y responsabilidades

El documento reclama a Perelló que el CGPJ también haga «autocrítica» por las «disfunciones estructurales de la justicia», como las dilaciones, y que no se escude en la pelea con otras instituciones o en la falta de recursos. En este sentido, pide «responsabilidad» y trabajar con «rigor, accesibilidad y atención efectiva a las necesidades de la ciudadanía» con compromisos concretos que sean «evaluables». También reivindican que la justicia, además de resolver conflictos, proteja la igualdad, las mujeres -ante la lacra de la violencia de género- y las personas vulnerables.

Por otro lado, pone deberes al CGPJ para evaluar las mejoras. Así, proponen «establecer un marco transparente sobre las cargas de trabajo; la reducción de los plazos de tramitación; la mejora de los sistemas de seguimiento y rendición de cuentas; el ajuste de la organización de los tribunales de instancia y de los servicios comunes; el tratamiento diferenciado de la litigación en masa; y la incorporación de nuevas tecnologías con garantías de transparencia, supervisión y ausencia de sesgos».

Comparte

Icona de pantalla completa