El inicio del año judicial comienza, al revés que el curso escolar, con exámenes. Bueno, «comparecencias» ante la comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para suplir las bajas o las vacantes en diferentes tribunales. Ahora bien, estos primeros días de septiembre, las pruebas son para plazas que son verdaderos núcleos de poder del Estado español como es el Tribunal Supremo.
Si la semana pasada se iniciaron las comparecencias para ocupar las tres plazas en la sala penal del Tribunal Supremo, que se acabarán el 22 de septiembre -precisamente con la prueba a un magistrado que ejerce en Cataluña- este lunes comenzaron las de la sala Tercera, es decir, la sala del Contencioso Administrativo. Esta es la magistratura que tiene la competencia para revisar las actuaciones del gobierno español.
De hecho, es la sala que declaró ilegal el retorno en caliente de los migrantes que llegaban nadando a las costas españolas y que, según la inteligencia policial española, inspiró la llegada masiva de migrantes a Ceuta el 30 y el 31 de julio pasado y que ha abierto una crisis profundísima en la Moncloa. También esta sala proporciona uno de los dos magistrados que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Son trece aspirantes para cubrir la vacante por jubilación del histórico magistrado Pablo Lucas Murillo, que durante muchos años ha sido el juez asignado a las operaciones del CNI. Entre los opositores, dos letradas de la administración catalana con suficiente bagaje como son Eugenia López Mora y Carmen Lucena Cayuela.
Plantel catalán
La primera en pasar la evaluación ha sido Eugenia López Mora, letrada de la Generalitat desde 1999, doctorada en Derecho Administrativo y profesora de la materia en la Universidad de Barcelona. Ha sido vocal del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) desde 2014 y anteriormente técnica en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) desde su creación en el año 2012 hasta 2024. López ha formado parte de los equipos legales del Departamento de Política Territorial, del Instituto Catalán de la Salud -ICS-, y del Departamento de Cultura) y técnica en la Comisión Jurídica Asesora -CJA- y en la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas –actual Dirección General de Infraestructuras de Movilidad Terrestre. Es una especialista en contrataciones y en concesiones administrativas.
Por su parte, este martes pasará el examen Carmen Lucena Cayuela, actual presidenta del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, uno de los organismos más hiperactivos de la administración catalana. Lucena se licenció en Derecho con premio extraordinario de licenciatura (Universidad Autónoma de Barcelona, 1993 – 1997); también tiene un máster en Administración local y un máster en Derecho Inmobiliario. Su plaza es letrada del Ayuntamiento de Sabadell pero también ha prestado servicios en el Ayuntamiento de Badalona durante nueve años, como jefa del Departamento Central de Contratación y del Servicio Jurídico y Administración General del Ámbito de Economía, Hacienda y Recursos Internos, y secretaria delegada.
