El Tribunal Supremo teme que, como le sucede a la Audiencia Nacional, se desborde de trabajo. Por eso ha presionado al CGPJ para reclamar más efectivos. El resultado ha sido que el jueves de esta semana, el pleno del Poder Judicial, ha formalizado la petición de seis magistrados más para la alta magistratura española. De esta manera, los jueces reclaman al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que el Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales que corresponden a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial que está preparando el ministerio contemple seis magistrados más.
Según ha comunicado oficialmente el mismo Consejo, dos de estas plazas deberían crearse en la Sala Primera, la civil; dos más en la Sala Segunda, de lo Penal; y las otras dos en la Sala Cuarta, de lo Social. Una solicitud que han introducido en una lista de las unidades judiciales que consideran «imprescindibles» de crear y que argumentan que se ajustan al número de plazas que prevé el proyecto ministerial. Asimismo, advierten al ministro que sería necesario tener presente un calendario más concreto y preciso para aplicar la ampliación de las plazas que prevé la nueva normativa.
Once meses de calendario
En concreto, proponen que el 1 de enero de 2027, entren en funcionamiento las plazas creadas en órganos colegiados. Es decir, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias, así como los jueces de adscripción territorial y otras plazas que solo requieran categoría de juez. Seis meses después, el primero de junio, plantean la puesta en marcha de las plazas creadas en Tribunales de instancia en ciudades que tienen la sede del Tribunal Superior o Audiencias y no sería hasta el uno de noviembre que entrarían en funcionamiento el resto de plazas de nueva creación.
En todo caso, el poder judicial también exige como «imprescindible» que las nuevas plazas programadas tengan suficiente antelación y antes de comenzar a trabajar cuenten con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados para el ejercicio efectivo de su función jurisdiccional. En la misma línea, el gobierno de los jueces también recuerda que es necesario aumentar la formación sobre la nueva estructura judicial española.
