Un regalo siempre es bienvenido. Así lo ve el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, al analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía. De hecho, el magistrado considera la resolución como recibir vitaminas de cara a la delicada decisión de los recursos de amparo presentados por los condenados por el Proceso a quienes no se les ha amnistiado porque arrastran el delito de malversación y los tres miembros del exilio, con Carles Puigdemont a la cabeza, procesados por el juez instructor del Tribunal Supremo.
Conde-Pumpido aprovechó un acto de protocolo obligado, como es la entrega de la memoria del año 2025 del Tribunal Constitucional a Felipe de Borbón, como jefe del estado español, no solo para hacer una valoración de la sentencia sino para enviar un aviso a navegantes. De entrada, Conde-Pumpido aprovechó para valorar la sentencia del TJUE como una decisión que «pretende reducir las tensiones institucionales y políticas» generadas con el ‘proceso’ y «facilitar un estado de reconciliación». Una ayuda indispensable para la mayoría progresista del TC que a partir del 22 de septiembre deliberará sobre los recursos de amparo.
De esta manera, pone en valor el hecho de que el TJUE establezca que la amnistía no se opone al derecho de la Unión Europea y que su aprobación y aplicación es competencia de los estados miembros. Por tanto, el magistrado concluye que el TJUE ha reafirmado el principio de que «los Estados miembros son libres de determinar las condiciones, en particular las de naturaleza procesal, en las que se aplica una amnistía aprobada en nombre del interés general». Los argumentos del TJUE permiten aclarar el camino y quitarse un peso de encima al TC.
Un «esfuerzo» con la amnistía
Conde-Pumpido destaca «el esfuerzo y la labor» del Constitucional en relación con las 20 sentencias dictadas desde junio del 2025 sobre la amnistía que correspondían a diferentes recursos sobre la ley del olvido penal para el independentismo. Así, el magistrado enfatiza la «dedicación» del TC para resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en un plazo «razonable», es decir, «menos de un año para el primer recurso y menos de dos para la totalidad».
