Nueva fecha para marcar en el calendario de la represión judicial española contra el independentismo. El Tribunal Constitucional (TC) ha anunciado que comenzará a debatir los recursos de amparo de los líderes independentistas sobre la ley de amnistía el próximo 22 de septiembre. De hecho, la magistratura constitucional señaló que la deliberación sería hacia el otoño, con el argumento de que estaban pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no querían dejar la decisión en manos de la sala de vacaciones del TC.
La previsión es que el TC delibere, en primer lugar, el recurso de amparo presentado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y sirva de base para las siguientes resoluciones, tanto de los demás condenados por el Proceso como de los aún procesados y que permanecen en el exilio. Los magistrados deben resolver si el Tribunal Supremo vulneró los derechos fundamentales de los líderes independentistas cuando estableció criterios para rechazar la aplicación de la amnistía con la excusa de la malversación.
Más demoras por el ponente
La primera ponencia ha recaído en el magistrado conservador José María Macías, uno de los máximos oponentes a la amnistía. El cálculo es que su ponencia de resolución sea contraria a la aplicación de la amnistía. Un hecho que podría conllevar cierta demora en el trámite porque la mayoría progresista rechace la ponencia y el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, encargue entonces nuevas ponencias a otros magistrados que recojan el sentir mayoritario del pleno del TC, es decir, de tendencia progresista. De hecho, la deliberación y decisión mantendrá la división que hasta ahora ha caracterizado el proceso en el tribunal sobre la amnistía.
En caso de que el TC estime los recursos y dé la razón a los líderes independentistas, anulará las resoluciones del Supremo que impedían la aplicación de la amnistía y pedirá a este tribunal que dicte nuevas resoluciones respetando los criterios establecidos. La ejecución práctica de la resolución quedará en manos de los jueces Llarena y Marchena. De hecho, será Llarena quien deberá ejecutar la sentencia del TC y, eventualmente, dejar sin efecto la orden de detención de Puigdemont y la inhabilitación de Oriol Junqueras.
