Tras una primera ronda de testimonios que ayudaron bastante a la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esta mañana la sala de vistas del Tribunal Supremo ha abierto otra ronda con menos simpatía hacia el procesado. Ha sido la declaración del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, una entidad de derecho público que es acusación popular en la causa. Ribon, sin embargo, no llevaba los deberes demasiado bien hechos. El decano no supo decir al Tribunal si el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pidió amparo a la institución cuando el ministerio público difundió los datos y los correos sobre el acuerdo de conformidad que negociaba con la fiscalía.
Ribon fue al grano y aseguró que la Fiscalía podía haber “desmentido” la información publicada la noche del 13 de marzo de 2024, en la que se detallaba que el ministerio público había ofrecido un acuerdo a González Amador para reducir una condena por dos delitos de fraude fiscal y esquivar la cárcel. Para el decano, habría sido suficiente que la Fiscalía desmintiera la información sobre quién había tenido la iniciativa del pacto sin tener que “revelar” el contenido de los mails intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa de la pareja de Ayuso, dirigida por Carlos Neira.
Precisamente, por difundir esta nota de prensa con los datos de los correos es la causa por la cual García Ortiz se sienta en el banquillo de los acusados. Las seis acusaciones populares y la particular le piden hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
Sorpresa
Ribón narró que el 14 de marzo, justo después de la publicación de la nota de prensa, que informaba de los detalles de cómo se había gestado el acuerdo, habló con la Fiscal Jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, quien le confesó que se sentía como un sándwich entre los hechos y la nota de prensa. Ribon se quejó porque se había vulnerado la confidencialidad entre abogado y fiscalía y, por tanto, se resentía la defensa porque “sin confidencialidad no hay una defensa libre”.
Al día siguiente, 15 de marzo, se reunió con el Fiscal General del Estado y tres miembros más del ministerio público, donde reprochó que podían haber “desmentido la información” y no difundir el contenido ni los datos de los mails entre abogados y fiscal. Un encuentro en el cual exigió que se abriera una investigación sobre la filtración de la información. Sin embargo, preguntado por la abogacía del Estado que defiende a García Ortiz, reconoció que no sabía si el abogado de González Amador había pedido amparo al Colegio. “No me consta”, añadió. El decano también admitió que solo les ha preocupado la nota de prensa de fiscalía y no las publicaciones de otros medios que adelantaron el acuerdo.
