Desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la magistrada catalana Isabel Perelló como presidenta, no se ha detenido la operación para desatascar la cantidad de nombramientos caducados y pendientes en la judicatura española en todo el Estado. De hecho, en cada reunión plenaria, y más después de la entrada del año 2025, los nombramientos son continuos y, sobre todo, en las plazas de la magistratura española en Cataluña.
Todo ello, más allá de la renovación de la presidencia en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para sustituir al magistrado Jesús María Barrientos, a quien ya le ha expirado el mandato. De hecho, el pasado 22 de enero se registraron las entrevistas con los tres candidatos- Mercè Caso Señal, Cristina Ferrando Montalva y Guillem Soler i Solé– para esta elección, que aún no se ha decidido. Ahora bien, el Consejo General ya ha resuelto la continuidad de la presidencia de la Audiencia de Barcelona y ha abierto la convocatoria para presidir la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como la presidencia de la Audiencia de Tarragona, vacante por vencimiento de mandato.
Un experto en derecho civil catalán para Barcelona
Uno de los nombramientos más esperados era el de presidente de la Audiencia de Barcelona. De hecho, la opción elegida era fácil para el Consejo, porque solo tenían que revalidar a quien llevaba desde 2016 en el cargo, el magistrado Antonio Ramón Recio Córdova. Recio, conservador, fue nombrado en la reunión del CGPJ del pasado 29 de enero, el mismo día que se hicieron 32 nombramientos -todos por unanimidad-, 21 de los cuales del Tribunal Supremo. Con Recio, el poder judicial jugaba sobre seguro.
De hecho, alcanzó el cargo en 2016 en una disputada batalla con Ángeles Vivas -ganó por dos votos-, cuando la plaza quedó vacante porque el magistrado Pablo Llarena, que entonces lo ostentaba, fue trasladado a la sala segunda Penal del Tribunal Supremo. Vivas había firmado el famoso manifiesto de los 33 jueces a favor del derecho a decidir. Una causa que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con una sonora bofetada al estado español por no investigar la filtración de las fotografías y los nombres de los jueces en el diario La Razón. Vivas impugnó la elección de Recio alegando discriminación al alegar que cinco miembros del CGPJ aseguraban que la magistrada tenía más méritos que el elegido, pero el Tribunal Supremo rechazó la demanda negando la existencia de discriminación, con un duro recordatorio del «deber de neutralidad política de los jueces».
El presidente de la Audiencia de Barcelona entró en la carrera judicial en 1990, con un primer destino en La Bañeza, en León. Pero en 1992 ya alcanzó la plaza en Cataluña, donde se hizo cargo de los juzgados de primera instancia 19 y después del 30. En diciembre de 2004 obtuvo la plaza en la Audiencia de Barcelona y ya no la dejó, en concreto en la Sección Primera, especializada en civil. Precisamente, en esta especialidad ha hecho carrera como miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJC y como un gran especialista en derecho civil catalán. En este sentido, cabe destacar que es uno de los profesores más consagrados del máster de Derecho Civil Catalán Avanzado de la Universidad de Barcelona. También es académico de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, donde ingresó con el discurso sobre La protección del heredero frente a las deudas de su causante.
La sala social y la Audiencia de Tarragona
Por otro lado, el CGPJ, en la reunión del 29 de enero, también ha abierto la convocatoria para dos plazas más de importancia en Cataluña. Por un lado, la presidencia de la Audiencia de Tarragona, vacante por el vencimiento del mandato de un veterano de la toga como es Joan Perarnau Moya, que llevaba en el cargo desde el año 2019, en sustitución de otro viejo conocido por los letrados de la demarcación, el magistrado Javier Hernández García. Perarnau, nacido en Berga, antes de aterrizar en Tarragona fue juez en la Seu d’Urgell y en la Bisbal d’Empordà. También es profesor asociado en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili y en el año 2020 la abogacía de Cataluña lo premió por su defensa y uso del catalán en el poder judicial.
La otra convocatoria que ha abierto el CGPJ fue para elegir la nueva presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una de las salas con más trabajo y más especializada debido a la actividad económica y laboral que vive Cataluña. Esta sala está actualmente presidida por Andreu Enfedaque Marco, otro clásico de la toga en el Palau de Justícia. Enfedaque, que tiene todos los números para repetir en el cargo, fue el único candidato para sustituir al anterior presidente de sala, José de Quintana Pellicer, que se jubiló en octubre del año 2019. Enfedaque ha hecho toda su carrera profesional en Cataluña desde sus inicios en la judicatura en el año 1980, en una primera etapa en la que fue juez en Badalona, en Vic y en Granollers. En 1983 fue elevado a magistrado y en 1985, a especialista en el orden social. Desde entonces, se hizo cargo del Juzgado social 14. Desde 1991 a diciembre de 2006 presidió la Audiencia Provincial de Lleida. A partir de 2006 ejerció en la sala social del TSJC e incluso en la sala social de la Audiencia Nacional. Y en 2019 accedió al cargo que ocupa ahora, en el cual podría ser renovado.
