Said Ben Azza, el terrorista condenado por los atentados yihadistas del 17-A que se encuentra en libertad, se opone a que lo expulsen de España hasta que la sentencia no sea firme. En un escrito registrado a la Audiencia Nacional, al cual ha tenido acceso El Mundo, la defensa del condenado responde negativamente la petición al Tribunal del ministerio del Interior, a recomendación del servicio de Información de la Guardia Civil, de su expulsión. De hecho, el escrito resalta que no ha tenido conocimiento de ningún procedimiento administrativo abierto contra su persona para echarlo del Estado español. En este sentido, su defensa recuerda que tiene permiso de residencia de larga duración desde el 15 de marzo de 2022.
En el conjunto de las partes, también han presentado escritos de oposición, tal como avanzó El Mundo, los Mossos d’Esquadra que van abatir los miembros de la célula yihadista. En el mismo sentido se han expresado el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Cambrils, los padres del pequeño Xavi -el niño de cuatro años asesinado en la Rambla- también la Asociación Víctimas del Terrorismo y una de las víctimas que llevaron defensa individual. El ministerio fiscal también ha informado negativamente a su expulsión con el argumento que la pena impuesta es superior a los 6 años de prisión y, por tanto, no hay motivos que permitan autorizar su expulsión. Todos reclaman rechazar la expulsión para garantizar que se complexi la condena una vez haya pasado por el Tribunal Supremo. Entienden que su expulsión comprometería el cumplimiento de una virtual condena.
Proteger el derecho de defensa
La representación del condenado alega que su derecho a la defensa se vería vulnerado si es expulsado. «El derecho de defensa es, quizás, el más importante de los derechos que rodean la justicia penal», arguye. «Es la principal manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, la faceta principal del cual es amparar cualquier ciudadano que se vea inmerso en un proceso, de forma que no se produzca la indefensión», aduce. En este sentido, insisten que todavía se tiene que resolver el recurso al Tribunal Supremo, que tiene que revisar la condena de 8 años. De hecho, se encuentra en libertad porque ha sido enchironado durante cuatro años, la mitad de la pena que ahora todavía no es firme.
Por otro lado, la defensa de Saïd Ben Azza, razona que» la solicitud realizada no es procedente, puesto que no hay ninguna resolución administrativa firme en que se haya acordado su expulsión, antes al contrario, cuenta con una autorización de residencia y trabajo, de larga duración, emitida el 15/03/2022, según consta a la pieza de situación personal del preso». «Hasta hoy no se ha notificado la existencia de ningún procedimiento administrativo sancionador a mi patrocinado», alerta.
