La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera “de acuerdo con la ética judicial, la asistencia de jueces a concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el estado de derecho y la independencia de la Justicia”. Así lo ha afirmado en un dictamen donde este organismo —que no depende de los órganos del gobierno del CGPJ y está formado por seis magistrados y un experto en ética— sobre las concentraciones silenciosas convocadas el pasado mes de noviembre a diferentes sedes judiciales contra el acuerdo por la proposición de ley de amnistía.
Según ha comunicado el mismo CGPJ, la Comisión de Ética Judicial ha “analizado el encaje ético de la participación de miembros de la Carrera Judicial en concentraciones convocadas ante las sedes judiciales para mostrar su rechazo ante un acuerdo político de investidura concreto y ante la proposición de ley de amnistía”. El dictamen, difundido este jueves, considera que la asistencia a este tipo de actos “se ajusta a los Principios de Ética Judicial, siempre que se dé una condición: que el juez o jueza tenga un honesto, meditado y sincero convencimiento de que la actuación objeto de repulsa pueda afectar al estado de derecho”.
El día siguiente a la entrega de despachos
El dictamen de la Comisión de Ética Judicial llega el día siguiente que Felipe de Borbón y el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, cargaran contra la posibilidad de que las decisiones judiciales sean revisadas por otros poderes del Estado en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona. La consulta que responde la Comisión de Ética planteaba si las concentraciones silenciosas de jueces y juezas que registradas el pasado noviembre ante las sedes judiciales “afectaron a los principios éticos relacionados con la independencia judicial y el deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la Carrera Judicial”.
La comisión destaca que los asistentes a las concentraciones eran jueces, un hecho que no permite “hablar de manifestación en sentido estricto”. Así mismo, destaca que el objeto era mostrar “la repulsa a unos puntos de un acuerdo político relacionados más o menos directamente con la independencia judicial”. En esta línea, si bien entiende que se produjo un dilema “ético de alta densidad”, la comisión concluye que si se respetan la independencia y la imparcialidad tienen “la obligación de defender activamente los principios rectores del estado de derecho si están amenazados”.
