«En consecuencia, dado que no se aprecia que las resoluciones impugnadas hayan incurrido en ninguna arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente, ni que hayan privado al recurrente de una respuesta judicial fundada en derecho, la queja formulada no supera el canon constitucional de control propio del derecho a la tutela judicial efectiva, al proyectarse exclusivamente sobre una discrepancia con la interpretación, ajena al ámbito del recurso de amparo«. Esta frase enrevesada sintetiza la opinión que el magistrado catalán del TC José María Macías incluye en el borrador de sentencia que ha redactado para desestimar el recurso de amparo presentado por Jordi Turull contra la persistente negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Este borrador, de 65 páginas y al que ha tenido acceso El Món, será el que este martes se encontrarán sobre la mesa los magistrados del TC y servirá para poner en marcha el reloj de la cuenta atrás para la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por malversación por el referéndum del Primero de Octubre. Una decisión que también podría afectar el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por el mismo delito en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este tramo final del proceso para aplicar la amnistía será especialmente complicado. Todo apunta a que la mayoría progresista del TC rechazará el borrador de Macías. Y, a partir de ahí, se abrirá un nuevo escenario: habrá que esperar a octubre, cuando se redactará la sentencia sobre el recurso de la exconsejera Dolors Bassa, de la cual será ponente el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, favorable a la amnistía.
¿Quién se queda la ponencia?
Es importante tener en cuenta que Macías ya fue apartado, a través de una recusación, del veredicto sobre el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía porque, como miembro del CGPJ, había liderado la oposición contra la ley con un informe contrario a su aprobación. De hecho, fue el mismo abogado del Estado quien instó su recusación. Sea como sea, los magistrados harán este martes una primera valoración, en la que la mayoría rechazará el borrador. Entonces quedará en manos de Macías decidir si renuncia o no a hacer la sentencia, ya que la mayoría de magistrados del TC piensan lo contrario que él. Todo indica que el magistrado catalán comunicará que quiere quedarse la ponencia, lo que ralentizará el proceso.
Fuentes del TC consultadas por El Món recuerdan que cuando un magistrado es ponente de una sentencia «tiene capacidad de quedarse la ponencia o renunciar a ella cuando ve que no tiene suficiente mayoría para que sea aprobada». «A menudo se renuncia y se cede la ponencia a otro magistrado que coincida con el sentir mayoritario. Pero otras veces el ponente se queda la ponencia y hace una sentencia de acuerdo con la mayoría, a la cual incorpora su voto particular», señalan las mismas fuentes.
El cálculo con que se trabaja en el TC es que este martes Macías decidirá quedarse con la función de ponente, pero no le servirá el borrador que habrá presentado este martes. Tendrá que hacer uno nuevo, en consonancia con el criterio mayoritario, lo que ralentizará el proceso de respuesta al recurso de Turull. Una vez elaborado el nuevo texto, Macías añadirá su voto particular. Este escenario debe leerse con la perspectiva de los recursos restantes. Mientras Macías reescribe el borrador, entrará en deliberación el de la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, condenada también por malversación. Será en el primer plenario de octubre. En este caso, el ponente es el mismo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, del ala progresista y favorable a la aplicación de la amnistía. Conde-Pumpido contará con una ventaja: ya sabrá el sentir mayoritario de la sala porque habrá quedado explicitado en la deliberación sobre Turull, de modo que llevará hecha la sentencia y se aprobará al primer intento. Por tanto, la de Bassa será la primera sentencia sobre el amparo en el marco de la aplicación de la amnistía, y será a favor. Después, habrá el efecto dominó, como ocurrió con los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron y que fueron desestimados por el TC.
«Injerencia de la legalidad»
En definitiva, la ponencia de Macías carga sin tapujos contra el recurso y niega que haya ninguna vulneración de los derechos fundamentales alegados. Pero da un paso más allá, advirtiendo al tribunal que si estima el recurso entraría en un terreno pantanoso, que el TC podría interferir en las funciones de la justicia ordinaria. El borrador considera que el recurso tiene una «carencia de motivación constitucionalmente relevante» y lo sitúa en la «queja del plano de la legalidad ordinaria»; por lo tanto, sería «ajeno al derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 de la Constitución».
«Cualquier intervención del TC que pudiera interpretarse como una resolución dirimente sobre la corrección jurídica de una de las tesis contrapuestas -entre la del Tribunal Supremo y la defensa de Jordi Turull- no solo nos situaría fuera del control externo de la razonabilidad de las resoluciones impugnadas, que es lo que corresponde al derecho fundamental afectado, sino que nos adentraría en el terreno de la injerencia en la interpretación de la legalidad ordinaria, impropio de nuestro ámbito funcional», argumenta Macías.
Es decir, para el magistrado contrariar la interpretación del delito de malversación que hace el Tribunal Supremo para mantener la condena o la imputación sería salir del campo de juego que le corresponde al TC. Macías se aferra a la idea de que este tribunal solo debe evaluar cuestiones de constitucionalidad y no de legalidad, lo que corresponde a la justicia ordinaria. En definitiva, el magistrado escribe que «no hay ningún derecho fundamental sustantivo en juego y que se trata de una simple cuestión de interpretación de una ley, de la cual el TC no debe ocuparse».
La malversación
Uno de los argumentos más utilizados en el borrador es que al tribunal no le «corresponde decidir qué significa la ley de amnistía, porque eso es competencia del Supremo». Pero después es él mismo quien lo hace, cuando no se está de definir el supuesto enriquecimiento personal de Turull en el mismo documento. De hecho, va un poco más allá incluso que la sala del Supremo que presidía Manuel Marchena. Así, identifica como «beneficio personal» el hecho de haber podido disponer de dinero público del cual antes no podía disponer, sin necesidad de haber obtenido ninguna ganancia. Una definición de beneficio personal que se diferencia de la del Supremo, que lo identificaba como «ahorro» y el hecho de pagar «deudas» –facturas del Procés– con dinero público para satisfacer un proyecto político personal.
Un ejercicio jurídico intelectual que choca con lo que él mismo dice en el borrador sobre que el TC no puede meter el hocico en asuntos de la justicia ordinaria y que, además, supera otro límite. Dado el criterio de Macías de «beneficio personal», sería imposible amnistiar a cualquier condenado por malversación del Procés. Cabe recordar que la ley excluye de la amnistía a quien malversó «buscando un beneficio personal de carácter patrimonial», es decir, enriquecerse. La tesis de Macías expresada en el borrador, en cambio, añade que no hace falta intención ni propósito ni tampoco un beneficio económico, que bastaría con «haber podido disponer» del dinero. Fuentes del caso reprochan que Macías «reescribe la ley».
En esta línea, cabe destacar que el Supremo dice que malversar exige «tener el dinero a disposición». La conclusión de Macías es rotunda: todo aquel que malversó obtuvo un «beneficio» y, por tanto, nadie es amnistiable. De esta manera, la excepción se convierte en la regla y deja sin sentido la frase de la ley que determina que aplicar fondos públicos al Procés sin ánimo de enriquecerse no es enriquecimiento. Macías, de esta manera, intenta hacer una pirueta para esquivar los recursos no solo de la defensa de Turull, sino del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado, que también reclaman la aplicación de la ley del olvido penal para el independentismo. La deliberación de este martes, pues, será más política que jurídica, con la sensación de que los magistrados jugarán un partido del cual ya se sabe el resultado.
