Pasaban pocos minutos de las 10.00 de la mañana cuando ha empezado la junta de fiscales del Tribunal Supremo. Una reunión clave por la causa del Tsunami Democrático que instruye el polémico titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La junta, presidida por los fiscales de sala Fidel Cadena y Joaquin Sanchez-Covisa, tiene casi un único punto del orden del día y es informar sobre el dictamen elaborado por el fiscal de la Sala de lo Penal, Álvaro Redondo, sobre la causa del Tsunami.
Se trata de un encuentro clave de los 15 fiscales que configuran la junta para evaluar si los indicios recogidos por el juez instructor pueden considerarse un delito de terrorismo. De hecho, Redondo ha firmado un escrito en el cual concluye que no existe hoy por hoy ninguna prueba que pueda determinar que las protestas convocadas por el Tsunami Democrático se puedan tipificar como un delito de terrorismo. A lo sumo, el fiscal considera que sería un delito de desórdenes públicos graves.
El caso Tsunami crea una crisis interna en la fiscalía
Esta rebaja del tipo de delito respecto al que reclama García Castellón ha abierto una profunda guerra en el seno de la fiscalía. De hecho, Redondo, en su dictamen, comparte la opinión del fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que tampoco ve terrorismo en ninguna parte. La evaluación de Redondo generó maledicencias entre varios fiscales, hasta el punto que tanto el fiscal del caso como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvieron que desmentir supuestas presiones para rebajar los delitos.
Redondo tuvo que dar explicaciones por una reunión celebrada el 30 de enero con el fiscal general y quitarle importancia, puesto que algunas informaciones apuntaban que este encuentro había servido para hacer rebajar la petición de terrorismo a delitos de desórdenes públicos. En todo caso, la decisión de este martes es para informar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre si hace falta que coja la causa del Tsunami o no, al entender que habría dos supuestos aforados, como es el caso del presidente Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. La decisión de los fiscales hoy es importante y necesaria, pero no es vinculante para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena.
