Era el 21 de junio pasado cuando miembros de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera, la poderosa UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, entraba en el Ayuntamiento de Sitges. Una entrada y cacheo dirigida por el juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú, que investigaba la actuación del consistorio con la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, una entidad social y una cooperativa. Hacía solo cuatro días que se había investido a la alcaldesa, la republicana Aurora Carbonell, que ya fue detenida. Fue puesta en libertad la misma tarde, quedó como imputada, igual que el resto de arrestados, como por ejemplo el regidor de ERC Jaume Monasterio, así como el secretario del consistorio, el exregidor de Playas Guillem Escolà, una técnica de playas y el jefe del Área de Territorio en anteriores mandatos.
No ha pasado todavía ni medio año y la lista de imputados ya supera la quincena, con buena parte de regidores de gobierno y del staff jurídico y técnico del consistorio, como el secretario o el gerente. La jueza que instruye esta investigación, de momento las diligencias previas 33/2022, ya ha emitido citaciones para los días 6,7,8 y 9 de febrero del próximo año. Durante los últimos meses, la policía ha continuado la investigación, que empezó hace un año y medio, con el análisis de la documentación confiscada, así como la recogida de información de varios testigos. El cinco de octubre, no obstante, la policía practicó tres detenciones más. En concreto, el cuarto teniente de alcalde y regidor de Playas y Salud del Ayuntamiento de Sitges, Ignasi Rubí, el anterior regidor de playas y promoción Económica, Guillem Escolà, y el exalcalde Miquel Hornos (CiU). El Ayuntamiento esta semana confirmó el cese de Rubí, a pesar de que siempre ha alegado que se le investiga como regidor a la oposición del pasado mandato, pero fuentes policiales apuntan que la investigación se centra en su actividad de secretario de la Mesa del Tercer Sector de Sitges-Garraf. Rubí es regidor de Hechos por Sitges. Esta Mesa estaba presidida por Carles Nicolàs, también detenido en la primera operación.
La investigación se centra en el periodo 2017-202, con ocho regidores y trabajadores del Ayuntamiento implicados, además de cuatro trabajadores de las empresas o entidades que prestaban los servicios, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en la adjudicación de subvenciones y contratos menores en los dos mandatos anteriores. Un primer mandato en manos de Miquel Forns (CiU) –en qué Carbonell, actual alcaldesa, era teniente de alcalde– y otro, de Carbonell.
El caso ha envuelto todavía más la delicada situación política del municipio. Este miércoles, el pleno rechazó, a raíz de un recurso de los trabajadores, que el consistorio sea acusación particular en el caso, decisión que se había aprobado el 19 de julio. Otra de las decisiones polémicas ha sido modificar los presupuestos en 150.000 euros para afrontar el gasto del caso judicial. El Ayuntamiento siempre ha defendido que las irregularidades se detectaron internamente y se estaban aclarando.
Un año de investigaciones
El caso llegó al juzgado después de casi un año de pesquisas de la policía. Los investigadores detectaron presuntas irregularidades en las ayudas municipales, convenios y contratos menores que recibió la entidad Mesa del Tercer Sector de Sitges-Garraf. Esta entidad, que el consistorio calificaba “de interés social”, se dedicaba a ofrecer servicios a los colectivos vulnerables, campañas de recogida de alimentos o la gestión de los comedores sociales. Esta mesa se fundó hace diez años y ha sido una de las muletas de la política social del Ayuntamiento. De hecho, había firmado un convenio por el cual recibía 45.000 euros el año por estas tareas, además de los contratos menores que recibía.
Los analistas de la policía, a raíz de los indicios y la prueba recogida, creen que la entidad habría cobrado dos veces por el mismo servicio. Los agentes de la UDEF calculan que habría cobrado, además, 75.000 euros anuales, en contratos menores –no están sometidos a una fiscalización o proceso tan costoso administrativamente– para trabajos municipales. Dinero que se tenía que destinar a la limpieza de playas o mantenimiento de equipaciones públicas municipales, con grupos de gente vulnerable o convictos en rehabilitación. Cantidades no del todo justificadas, adjudicaciones no reglamentarias, la implicación de regidores con la entidad, o cobros y pagos por servicios que se habrían realizado varias veces forman el grosor de la instrucción. En total, el volumen con el que trabaja la policía se acercaría a los 600.000 euros.
El Ayuntamiento, finalmente, no se persona
La actividad investigadora ha avanzado durante estos meses y ha marcado también la actividad de la política local. De hecho, ocho días después del cacheo de la policía, Junts per Sitges y PSC-El Palmito reclamaron la celebración de un pleno extraordinario. El objetivo era pedir que el consistorio se personara como acusación particular en el caso. El diez de julio, pero, Molins Defensa Penal libra un informe encomendado por el Ayuntamiento con que desaconseja que se persone como acusación. Un documento que la oposición pone en entredicho porque los autores forman parte de la defensa de algunos de los investigados. Finalmente, el 19 de julio se acuerda por pleno personarse. El informe, al cual ha tenido acceso El Món, concluía que la personación «colisionaba con el derecho a la presunción de inocencia de los investigados».
Pero, la decisión no fue definitiva, antes al contrario. El 18 de agosto los trabajadores presentaron un recurso de reposición. Un nuevo informe interno consideraba que personarse implicaba una reacción “indiscriminada, desproporcionada y abusiva”. De todas maneras, dejaba la puerta abierta a personarse cuando las diligencias hayan avanzado. Retirarse de la acusación particular se aprobó con una carambola aritmética. De hecho, se registró un empate de votos. Los partidos del gobierno (ERC, SGI y ECP) y Guanyem apostaron para retirarse, con los votos contrarios de Juntos, PSC-ME y PP y la abstención de Vox. El empate se deshizo gracias al voto de calidad del primer teniente de alcaldía. Ni la alcaldesa, ni Rubí, ni Monasterio, todos investigados, pudieron votar. Tampoco la jefa de la oposición, la juntaire Mònica Gallardo, que es testigo en las diligencias. La investigación continúa, pero la batalla política también. Desde la oposición ya empiezan a pedir la dimisión de la alcaldesa. El caso se complica, y no solo judicialmente.
