Día para los informes de las partes en el juicio por prevaricación y falsedad documental contra la presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, y los informáticos Isaías Herrero y Andreu Pujol por 18 contratos en la Institución de las Letras Catalanas. Esta mañana la sesión ha empezado con las conclusiones de la acusación y las defensas. El ministerio público y los abogados de Herrero y Pujol han constatado el pacto en conformidad con una rebaja más que notable de las penas pedidas. En cambio, la defensa de Borràs, a quien se le mantiene la petición, ha pedido la libre absolución. Una petición que ha empezado a defender después del informe de fiscalía de dos horas, y con un algoritmo claro. Para sus abogados, el caso Borràs demostraría que «
Boye ha denunciado vulneración de derechos fundamentales de Borràs, empezando por la carencia de imparcialidad del presidente del Tribunal que la juzga y que será poniente de la sentencia, Jesús Maria Barrientos. También ha razonado la vulneración del principio de igualdad de armas entre las partes y la convicción que no ha tenido un juicio justo. Incluso ha llegado a denunciar la filtración de parte de sus conversaciones o el carácter prospectivo de la investigación de las comunicaciones de su clienta por parte de la policía judicial. Por otro lado, ha argüido la carencia de custodia de la prueba, sobre todo de los discos duros confiscados por la policía por las diferencias de interpretación de los ya famosos códigos
Sin unidad funcional
En relación con la vulneración de derechos fundamentales, en su exposición Boye ha cargado contra los agentes tanto de Mossos d’Esquadra como de la Guardia Civil que confiscaron los discos duros y el material informático. El abogado ha recordado que admitieron que no sabían el contenido exacto de la orden judicial y los límites del que se podían llevar. «¡No sabían lo que se llevaron!», ha exclamado el letrado, que ha destacado que cogieron cerca de 480.000 archivos entre los cuales se encontraban las claves de acceso al portal de la web de la ILC que quedó apagado. Un apagón que la misma Guardia Civil reconoció que no les permitía acreditar «la unidad funcional» de los contratos menores y, por lo tanto, tiene que caer la acusación del fraccionamiento. En definitiva, que cada contrato respondía a un trabajo y ha alabado el trabajo de Herrero y sus calificaciones «técnicas y artísticas».
Por otro lado, Boye ha remarcado el papel en el juicio de Pagespetit y Esparc, que ha alabado la fiscalía. El abogado ha planteado que no dijeron que nada de lo que se hacía en la ILC que «fuera delictivo». «Si lo fuera, me falta alguien en el banquillo de los acusados, como serian ellos dos por haber conformado los expedientes administrativos», ha añadido. «Y no cumplían órdenes, porque nadie había dicho tantos cumplimos órdenes desde el juicio de Núremberg», ha ironizado. «Los dos declararon en una condición mixta de testigo y de protagonistas de los hechos», ha aclarado. En este contexto, Boye ha contraatacado la acusación de falsedad documental alegando que eran inocuos dando por sentado que la ley de contratos públicos no impone como requisito aportar tres presupuestos sino que era una recomendación exigida por los funcionarios. «Eran presupuestos de mentira, no falsos», ha insistido. El abogado ha aprovechado la ocasión para concentrar varios testigos que afirmaron al tribunal que «hubo un antes y un después al ILC a partir de la entrada de Laura Borràs».
