Nuevo escrito de la defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente al exilio, Carles Puigdemont, al juez instructor de la causa del Tsunami Democrático. Tres días después de la suya imputación por terrorismo, el abogado de Alay, Gonzalo Boye, ha pedido al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, aclarar por qué este tribunal especializado escondió en el Parlamento Europeo que estaba investigando Puigdemont. El escrito, de cuatro páginas y al cual ha tenido acceso El Mundo, aprovecha el vínculo laboral de Alay con el presidente Puigdemont para reclamar saber la fecha en que se lo empezó a investigar.
La defensa quiere explicaciones de por qué se informó el Parlamento Europeo que no había ninguna investigación contra Puigdemont en curso, cuando ya se estaba instruyendo la causa del Tsunami Democrático en que está imputado. Un hecho que se acredita con una resolución del mismo Parlamento Europeo del pasado 19 de septiembre. De hecho, el escrito señala que, encima que la Audiencia Nacional informó que no había ninguna investigación en curso contra el presidente al exilio, también destaca que el juez ha instruido un caso contra un eurodiputado sin pedir el suplicatorio correspondiente. La defensa quiere aclarar el que irónicamente califica «de error».
«No hay ninguna investigación en curso»
La defensa de Alay detalla que su cliente informó su jefe, Carles Puigdemont, de la existencia de unas informaciones periodísticas sobre la existencia de una investigación secreta en contra él y su entorno. Un hecho que los sorprendió porque no se había solicitado el suplicatorio de la cámara europea. A raíz de estas informaciones, se activó un procedimiento de defensa de la inmunidad de Puigdemont, con el número IMM 2020/2200. Una petición que fue denegada el pasado 2 de octubre en base la conclusión del Comité de Asuntos Jurídicos, del 19 de septiembre, porque la Audiencia Nacional informó la cámara que no se había pedido ningún suplicatorio porque «no había ninguna investigación en curso relativa a Carles Puigdemont».
Después de aportar esta información, la defensa de Alay vuelve a usar la ironía y pide «a los efectos de determinar, entre otras cosas, la viabilidad del presente procedimiento, su cumplimiento del ordenamiento jurídico y constitucional y garantizar el derecho de defensa, esta parte necesita disponer de esta información para establecer como, cuando, por quién y por qué se ha podido cometer el error de informar equivocadamente el Parlamento Europeo». Y añade: «Hablamos de error porque es inimaginable que un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional, conocedora del principio de cooperación leal, hubiera, conscientemente, informado erróneamente el Parlamento Europeo».
