Una advertencia, una más, del poder judicial al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, por sus reformas sobre la judicatura. En esta ocasión, la advertencia es aún más dura, porque la firman la mayoría de los juzgados decanos del estado, incluidos los de Barcelona, Sabadell, Girona, Lleida y el de la Audiencia Nacional. La queja es contra el actual estado de la reforma de los tribunales iniciada con la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la justicia. El comunicado, al que ha tenido acceso El Món, es de un total de 55 juzgados decanos –los encargados de la gestión judicial por partido judicial-, concretamente los afectados por la última fase de la aplicación de la ley que implanta los tribunales de instancia. Los firmantes del texto critican la falta de previsión y la falta de medios para poder asumir los cambios. «Manifestamos nuestra preocupación por el estado actual de la implantación y el escaso margen de tiempo previsto para aplicarla», anuncian.
Una inquietud que argumentan teniendo presente que las sedes judiciales que dirigen son las que concentran mayor volumen de litigiosidad. Precisamente, por este motivo, fueron incorporadas a la última fase. Son juzgados decanos o exclusivos de capitales de demarcaciones provinciales o bien de partidos judiciales con una alta concentración de juzgados por el volumen de población.
Ni medios ni planificación
Según el comunicado, los jueces decanos aseguran que «a menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo diseñado por el legislador, en las grandes ciudades, no contamos ni con todos los medios ni con suficiente planificación que permita garantizar su eficacia». Una circunstancia que, a su parecer, «puede poner en riesgo la prestación del servicio público adecuado en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados». En esta línea, se enorgullecen de haber ofrecido la «colaboración a las administraciones para que la activación sea eficaz» y, aún así, por ahora no cuentan «ni con el diseño organizativo interno de los servicios comunes que integrarán la oficina judicial de cada tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación».
En el mismo sentido, destacan que «muchos de estos tribunales no tienen los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible». Así recuerdan que no hay ni «adecuación del número de plazas judiciales al volumen de asuntos, concentración de sedes, expediente digital en todas las jurisdicciones, reubicación adecuada de los espacios físicos, política de asignación informática de los miles de expedientes judiciales afectados y sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización». Por ello, reclaman «el análisis de las disfunciones que se detecten en los tribunales» y adoptar las medidas adecuadas para corregirlas. De ahí que consideren «imprescindible contar con suficiente margen de tiempo que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades». De hecho, argumentan que la misma ley, en la disposición transitoria quinta, permite la posibilidad de que su aplicación se ajuste temporalmente a situaciones como las que los decanos aseguran sufrir.
