Nuevo frente abierto en la causa del Tsunami Democrático. Esta vez, la fiscalía recibe un zasca de dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía personados en la causa como acusación particular. Se trata de dos agentes que participaron en un dispositivo durante una protesta del Tsunami y que reprochan al fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, su cambio de criterio, puesto que en julio –cuatro días antes de las elecciones del 23-J– sí que veía terrorismo en esta causa. El equipo legal de los policías ha registrado un escrito de impugnación al recurso de apelación del ministerio público contra la decisión de calificar los hechos de terrorismo, tomada por el juez instructor, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
En el escrito, que firma el bufete de abogados Fuster Fabra, recuerdan al fiscal su posicionamiento hasta hace unos meses. En concreto, le reprochan un escrito del 19 de julio con que reclamaba que la causa tenía que ser investigada por la Audiencia Nacional. Entonces, el fiscal aseguraba que las investigaciones y los atestados de la Guardia Civil evidenciaban «la gravedad de los hechos», que permitían «sostener de manera razonable el juicio incluso provisional según el cual se ha cometido un delito de terrorismo» Una contradicción que la acusación particular piensa utilizar para que la sala de apelaciones mantenga que Tsunami se enmarca en un delito de terrorismo y permanezca a la Audiencia Nacional.
La fiscalía, contra la opinión de García Castellón, quiere ahora que la calificación de los hechos de esta causa –donde hay imputados el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también exiliada– sea rebajada a desórdenes públicos. Esto permitiría enviarla a un juzgado ordinario de Cataluña y aplicar la amnistía a los implicados, cosa que no se podría hacer si fueran condenados por terrorismo.
La “teoría de los actos propios” versus la amnistía
El escrito de los abogados de los policías, de once páginas y al cual ha tenido acceso El Món, resalta esta la contradicción entre la posición del fiscal hace solo cinco meses y el actual, y la pone en relación con el actual contexto político, que tiene como protagonista principal la ley de amnistía. “Es como mínimo una contradicción palmaria -y llamativa sin duda para esta representación procesal- este cambio de criterio de la Fiscalía”, critican los letrados de los policías. Sobre todo, porque entienden “que no ha existido ninguna diligencia de investigación que pudiera dar ningún motivo o argumento para justificar un giro en la tesis del ministerio público y que se pueda considerar un cambio de postura por motivos jurídicos”.
Con habilidad retórica, el escrito sugiere una explicación para el cambio de idea del ministerio público, dejando entrever la ley de amnistía. “Es cierto”, afirma la impugnación, “que han existido motivos ‘extraprocesales’ y situaciones totalmente ajenas en el poder judicial que han podido suscitar intereses en algunos actores de la sociedad o incluso del poder ejecutivo”. Así mismo, la acusación particular añade que “estos motivos” -en referencia al pacto de la amnistía e investidura- “no es una argumentación, ni motivación jurídico-lógica para aquellos que, en el marco de la independencia judicial, tengan que tomar las decisiones sobre elementos que se están investigando y, por lo tanto, están judicializados”. De este modo apunta que la fiscalía se deja influir por la situación o el poder político.
El carácter finalista, la clave
El escrito también aprovecha para insistir que el relato de los hechos aportado por los investigadores del servicio de información de la Guardia Civil coinciden con los tipos penales de terrorismo. “Todas las actuaciones llevadas a cabo por Tsunami Democrático han requerido una organización previa, ordenada y de coordinación entre todos los integrantes de la plataforma”, subrayan los abogados de los policías. Un elemento indispensable para meter los hechos de la acusación en el marco del terrorismo que regula el Código Penal.
Siguiendo este hilo, la acusación particular insiste que los delitos de terrorismo son de carácter “finalista” con dos elementos fundamentales. En primer término, la intención de alterar la paz pública y, en segundo término, subvertir el orden constitucional, dos elementos que, a criterio de los abogados de los policías, se producen de manera “innegable” en la causa del Tsunami. Por eso, defienden el criterio del juez García Castellón de mantener la instrucción por terrorismo, a la vez que critica abiertamente la fiscalía por su cambio de criterio. Por otro lado, el fiscal Carballo también impugnó por extemporánea la personación de los dos policías como acusación particular. Hay guerra, por lo tanto, entre la fiscalía y la acusación particular.
