El Pleno Municipal de Sant Cugat del pasado lunes 24 de noviembre certificó que el consistorio de esta población del Vallés instará al Estado español a reformar la ley contra las ocupaciones y la multirreincidencia. En los acuerdos alcanzados en el pleno se detalla que el ayuntamiento manifiesta «la necesidad, el compromiso y la urgencia en cuanto a modificar la legislación necesaria para no permitir la impunidad en temas que generan alarma social como la multirreincidencia delictiva y las ocupaciones» y exige «la diligencia necesaria al gobierno del Estado español y al Congreso de los Diputados, en especial a su mesa y a los grupos que ahora las mantienen bloqueadas: PSOE, Sumar y Podemos, a efectos de tramitar las iniciativas 122/000083, proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y la 122/000150, proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles».
La moción presentada por el grupo municipal de Junts señala que no se quiere «generar alarmismo» pero que la seguridad es un aspecto que los alcaldes de Cataluña han identificado «como un elemento de preocupación de nuestra ciudadanía». Desde Junts señalan que «el ascenso de la ultraderecha y del populismo en todas partes, también es porque a menudo no hay la capacidad o la voluntad de avanzar las soluciones que se ponen sobre la mesa para abordar las diferentes problemáticas conflictivas».
Dos bloques en el ayuntamiento de Sant Cugat
La moción de Junts ha sido aprobada gracias a los votos favorables de los grupos municipales de Junts, PP y Vox, la abstención del PSC y los votos contrarios de ERC, CUP y En Comú Podem. La derecha española es la que ha subido más el tono contra la formación juntaire. En declaraciones recogidas por el TOT Sant Cugat el portavoz del PP, Álvaro Benejam, celebró «que Junts rectifique, pero hace falta coherencia: han pactado con partidos que bloqueaban estas reformas». Por su parte. El bloque de izquierdas también ha criticado la postura de Junts. Desde ERC aseguran que la propuesta «criminaliza la pobreza» y la CUP la califica como “moción de propaganda política en clave santcugatense”. El PSC ha tenido un perfil más bajo y se ha limitado a señalar que comparten «la preocupación por la seguridad, pero nunca compartiremos esta manera de hacer política”.
