Parálisis total de los grupos de trabajo acordados entre el Estado y la Generalitat en la última comisión bilateral para abordar las inversiones del gobierno español en Cataluña, uno de los grandes puntos de fricción de Junts y ERC con la Moncloa y que el Gobierno reclama con la boca pequeña para no desestabilizar aún más a Pedro Sánchez. A pesar de que el aumento de la inversión estatal en Cataluña es uno de los mantras preferidos del gobierno de Sánchez, el hecho es que los dos grupos de trabajo existentes actualmente no se han reunido en todo el año, según ha reconocido el mismo Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria de Junts publicada este martes en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) y consultada por la Agencia Catalana de Noticias.
La justificación del ejecutivo de Salvador Illa es que “aún no ha sido posible” encontrar el momento para reunir los dos grupos, una decisión sorprendente teniendo en cuenta la necesidad de gestos hacia Cataluña después de la ruptura de Junts con el PSOE y el malestar creciente en ERC por las trabas de Hacienda al financiamiento singular. La reunión bilateral Estado-Generalitat de antes del verano para el nuevo financiamiento quedó descafeinada con un acuerdo ambiguo que no satisfizo a nadie. También está detenido el traspaso de la seguridad en los puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra a pesar de que hace casi un año que el presidente de la Generalitat aseguró que volvería a reunir la Junta de Seguridad para hacerlo efectivo tras una polémica retirada cuando parecía que todo estaba atado.
Dos grupos de trabajo sin tareas
Los dos espacios de trabajo quedaron recogidos en los acuerdos de la comisión bilateral del pasado 24 de febrero y ambos gobiernos se comprometieron a ponerlos en marcha antes de acabar el año, pero cuando falta un mes y medio ni se han reunido ni hay fechas previstas. El primero de los dos grupos, que ya existe desde 2007, se encarga de los análisis técnicos para el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que establece que el Estado debe invertir en Cataluña en infraestructuras una cantidad equivalente a su peso en el PIB estatal con el objetivo de compensar el déficit histórico de inversiones. El segundo grupo de trabajo, de nueva creación, debe impulsar la creación de un consorcio mixto Estado-Generalitat en materia de inversiones.
Críticas a la parálisis de la Generalitat en Madrid
Antes de la ruptura de Junts con el PSOE y las críticas abiertas de ERC contra María Jesús Montero, los partidos independentistas ya advirtieron al presidente de la Generalitat que debía aumentar la presión en Madrid para defender los derechos de Cataluña. En el debate de política general del pasado mes de octubre, el portavoz de Junts en el Parlamento, Albert Batet, advirtió a Illa que estaba en sus manos garantizar el apoyo de su partido al gobierno español y lo acusó de poner trabas a todos los acuerdos pactados con el PSOE. “No puede destruir en Cataluña lo que se construye en Suiza”, le espetó Batet. “Es el partido que dice una cosa y hace otra”. Un mes después, y con todos los puentes rotos entre Junts y el PSOE, la actitud del PSC no ha cambiado y sufre a la hora de presionar a la Moncloa para avanzar en carpetas clave como el traspaso de las competencias en inmigración o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
En el mismo debate, el portavoz de ERC, Josep Maria Jové, reclamó a Illa que utilizase su influencia sobre Sánchez para avanzar en el financiamiento singular. Pero el presidente de la Generalitat, lejos de presionar a la Moncloa, se ha esforzado en defender el papel de Montero en las negociaciones para el nuevo modelo de financiamiento a pesar de saber que los obstáculos del Ministerio de Hacienda le pueden costar los presupuestos del 2026. De hecho, este mismo lunes el PSC reclamó no poner fechas para llegar a un acuerdo. “Debemos evitar hablar de temporalidades y calendarios y centrarnos en el objeto, que es conseguir un nuevo financiamiento”, explicaba la portavoz del PSC, Lluïsa Moret. “Este no es el objeto; el objeto es trabajar firmemente para lograr un modelo sólido, solvente y consensuado que cumpla plenamente los acuerdos”. Los republicanos confían en tener un acuerdo antes de finales de año para que haya tiempo de negociar las cuentas de la Generalitat, que están prorrogadas desde hace dos años.
