«Una tomadura de pelo». Así de claro, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell ha sentenciado el acuerdo entre la Generalitat y el gobierno del Estado para el nuevo financiamiento de Cataluña. La exdirigente independentista, que pasó por la cárcel después del primero de octubre, se ha sumado a las críticas de Esquerra Republicana y otras familias independentistas al acuerdo anunciado el lunes tras la mesa bilateral. La exconsejera republicana Dolors Bassa también ha tuiteado en contra del acuerdo, en este caso con aún más vehemencia. «Enfadada, angustiada… ¡y todo lo que viene! Ni lo que pactaron ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa se cumple. Ni financiamiento singular, ni ordinalidad, ni bilateralidad, ni la llave de la caja. Ahora solo se habla de gestión», ha arremetido desde la antigua Twitter.

Ambas dirigentes, pesos pesados en etapas anteriores de ERC, se suman así a la crítica de otras figuras del partido que consideran que el pacto sobre financiamiento diluye el acuerdo entre republicanos y socialistas para investir a Illa. Otra voz crítica es la de Xavier Godàs, quien encabezó en el último congreso republicano una candidatura alternativa a Oriol Junqueras y próxima a la exdirigente Marta Rovira, una de las figuras que pilotó las negociaciones de la investidura. «El acuerdo político inicial incluía también la recaudación, inspección, liquidación y disponibilidad de todos los impuestos», ha recordado. Godàs ha remarcado que el pacto final «no es el que votó la militancia de ERC» cuando se decantaron por hacer a Illa presidente.

Diferentes interpretaciones en Cataluña y Madrid

La formación independentista insiste en que el financiamiento no puede ser reproducible en otras zonas porque Cataluña tiene más competencias y un déficit económico histórico. En este sentido, los republicanos han criticado que el pacto no garantice el principio de ordinalidad, que pone un límite al grado de solidaridad de un territorio con el resto del Estado. Mientras tanto, el Gobierno de Salvador Illa ha intentado calmar los ánimos, remarcando que el acuerdo con el Estado sí recoge este hecho. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consejera Alícia Romero, que ha liderado las conversaciones con el ejecutivo de Pedro Sánchez, ha afirmado que Cataluña no apoyará un acuerdo para refinanciar las comunidades «si no hay ordinalidad».

En todo caso, la interpretación desde Cataluña es diferente a la que llega a Madrid, que fija la ordinalidad como una aspiración de la Generalitat y no como un objetivo compartido. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha dejado claro en rueda de prensa que lo que se ha hablado con la Generalitat «es extrapolable a cualquier comunidad autónoma». «Por supuesto, continuar trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, desde la bilateralidad que mantenemos con todos los territorios, y esto, lógicamente, no es incompatible con la multilateralidad que también hemos practicado durante estos siete años», ha manifestado la portavoz del ejecutivo español.

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