Respondida con un punto de sarcasmo ante la decisión del Tribunal de Cuentas de no permitir a Carles Puigdemont declarar por videoconferencia en el juicio del próximo viernes. La resolución, comunicada este miércoles a mediodía, alegaba que el presidente al exilio no había justificado razones por no poder asistir a Madrid al acto de la vista oral sobre el supuesto gasto gubernamental por el Proceso entre los años 2011 y 2017. En un escrito presentado este mismo miércoles, la defensa del presidente al exilio, así como de los otros encausados a los cuales tampoco se permite asistir por videoconferencia, utiliza el humor.
«No deja de ser sorprendiendo la separación de la realidad que se manifiesta en la resolución recorrida, cuando es un hecho público y notorio que el testigo propuesto se encuentra fuera del estado español», afirma. Y continúa añadiendo sal a la herida en la respuesta: «Tanto es así como que hemos estado testigos de manifestaciones de varios tipos, incluso tremendamente pintorescas, de personas de una determinada adscripción ideológica que se oponen a cualquier medida que permita que el testigo se presente ante este tribunal». Una velada referencia a las manifestaciones contra la amnistía que desde hace más de una semana se repiten en el centro de Madrid y ante la sede federal del PSOE. Todo, justo después de pactar una ley de amnistía entre socialistas y los independentistas de ERC y Juntos.
La broma no acaba aquí
Pero el sarcasmo continúa en el escrito. El escrito «agradece la voluntad ilustrativa mostrada por el Tribunal» al informar que en un «Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia » se prevé el uso de la videoconferencia si se avia diez días antes. Pero el abogado, Gonzalo Boye y Jordi Cabré recuerda que esta ley «no se encuentra hoy en vigor porque, como bien dice la misma resolución, no es más que un Proyecto de ley». Así remacha el clavo con la neguitosa realidad: «como otros muchos existentes que todavía no han adquirido la categoría de norma; de hecho, si nos basaremos en proyectos de ley igual esta vista ni tan ni siquiera se tendría que celebrar por no gastar inútilmente dinero público cuando hay proyectos de ley que hacen inviable este procedimiento». Una clarísima y evidente referencia a la ley de amnistía.
Por otro lado, el escrito asegura que Puigdemont podría haber tenido “un año” para proponer que la práctica de la prueba se realizara mediante el sistema de videoconferencia «si hubiera sabido, hace un año, en qué circunstancias geográficas se encontraría el codemandado». Y continúa hurgando en la herida: «Por razón de su cargo, precisamente estas circunstancias cambian periódicamente, y por eso hemos esperado a disponer de la confirmación final de la fecha de la práctica».
