Movimiento de la CUP para adelantarse a una sentencia del Tribunal Constitucional contraria al modelo de la escuela catalana, ya que debe resolver los recursos que tiene sobre la mesa contra la constitucionalidad de la ley y el decreto ley de 2022. Los anticapitalistas han presentado una propuesta de ley sobre la regulación de los usos lingüísticos en los proyectos educativos de centro con el objetivo de «garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela, hacer efectiva la inmersión lingüística y revertir los retrocesos en materia lingüística». Así lo ha detallado la diputada de la CUP Laia Estrada en una rueda de prensa en el exterior del Parlamento de Cataluña, donde además ha denunciado que actualmente el sistema educativo no garantiza la competencia básica en catalán del conjunto del alumnado, lo que afecta gravemente «la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial, y el futuro de la lengua». Una situación que, según ha dicho, es causa de las «injerencias y la ofensiva judicial» del Estado español, pero también de «la inacción y complicidad de los gobiernos autonómicos de los últimos años» en todos los Países Catalanes.
Estrada considera que la ley aprobada en 2022 fue «un error histórico» porque «se aprobó de espaldas a la comunidad educativa», pero también «abrió la puerta al uso del castellano como lengua curricular». Sobre este último punto, la diputada de la CUP ha remarcado que esto «ha sido interpretado por los tribunales como una vía para hacerlo vehicular en las aulas» y ha advertido que esto podría «comportar una aplicación generalizada del 25% de castellano si no se actúa con urgencia». La propuesta de la CUP, que ha contado con el asesoramiento de Plataforma per la Llengua y con el apoyo de la Plataforma Pública y en Català (PiEC), tiene dos objetivos: derogar la Ley 8/2022 y eliminar la referencia al castellano como lengua curricular; y reforzar el uso del catalán como lengua vehicular, incorporando los aspectos útiles del Decreto 6/2022 y desplegando medidas efectivas para garantizar su aprendizaje.
«No hace falta que esperemos a la sentencia porque la ley no nos está protegiendo ante las sentencias del 25%», ha dicho, y ha remarcado que este nuevo texto permite «anticiparnos a la sentencia». A pesar de este movimiento, y con la intención de recoger el máximo consenso posible para aprobarla antes de que el TC se pronuncie sobre la ley y el decreto, la CUP deja claro que este texto no pretende ser una nueva «jugada maestra jurídica» para sortear tribunales, sino que es una norma rigurosa y necesaria para dotar al sistema educativo de un marco legal claro, coherente y al servicio de la inmersión lingüística. Además, ha dejado claro que «esta ley no detendrá por sí sola la ofensiva judicial» porque es un «problema político». «Por eso, más allá de esta propuesta legislativa hacemos un llamado a la comunidad educativa y al país a preparar una respuesta política y colectiva ante cualquier injerencia», ha subrayado.
Diálogo con los grupos parlamentarios
La diputada de la CUP ha detallado que aún no han registrado la ley y que esperarán unos días porque quieren compartir el texto con el resto de formaciones políticas y entidades en busca del máximo consenso posible, pero reclaman a los grupos que se sumen a la propuesta porque, según ha dicho Estrada, se trata de «la mejor propuesta posible dado el contexto legal vigente y la emergencia lingüística actual», no dudarán en presentarla en solitario en caso de que sea necesario. «Esperamos que el resto de formaciones tengan una actitud responsable y generosa para entrar conjuntamente esta proposición de ley», ha apuntado.
La ley, que parte del «marco legal vigente», consta de un preámbulo y de cinco artículos con el objetivo de que los «alumnos tengan un buen conocimiento oral y escrito de catalán cuando terminen la etapa de enseñanza obligatoria». El artículo 3 establece una serie de acciones necesarias para «revertir la tendencia regresiva del uso social del catalán» y para «garantizar controles efectivos y medidas correctoras en la práctica diaria de los centros educativos respecto del cumplimiento de los proyectos lingüísticos». Sobre los proyectos lingüísticos de cada centro, la norma establece que «son de aplicación a todos los espacios educativos lectivos y no lectivos del centro, tanto dentro como fuera del horario escolar, incluidas las salidas curriculares o de recreo organizadas por el centro, así como las comunicaciones y la documentación internas y externas dirigidas a la comunidad educativa».
