El acuerdo entre Junts per Catalunya y el PSOE para delegar las competencias en materia de inmigración a Cataluña se ha cerrado una semana después de que la formación de Carles Puigdemont retirara en el Congreso la proposición no de ley para que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza. Como resultado de este pacto, las dos formaciones han registrado este martes en el Congreso la proposición de ley orgánica que da respuesta al acuerdo e iniciar así su tramitación parlamentaria, que, a priori, encontrará dificultades porque no todos los grupos que conformaron la mayoría para investir a Pedro Sánchez están de acuerdo. Por otro lado, la ley será de obligado cumplimiento si es aprobada por el Congreso, pero habrá que ver cuáles son los tiempos que aplicará el Gobierno para su puesta en marcha y ya ha advertido que su aplicación no será de un día para otro y que requerirá «tiempo».
De hecho, la mayoría para asegurar la aprobación de la ley no está asegurada a estas horas. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE haya consensuado esta medida con los de Puigdemont, a quienes ha calificado de «partido antiinmigración» que «compite con la ultraderecha catalana». «No se hará con nuestros votos», ha subrayado Belarra para avanzar su rechazo en el Congreso a la cesión de competencias a Cataluña en los términos pactados por el PSOE y Junts. Pero más tarde, la líder de Podemos, en una entrevista en Canal RED, ha instado a Junts a demostrar que no quiere las competencias para hacer «políticas racistas» y ha advertido al PSOE que solo se sentará a negociar sobre esta medida si aprueba primero en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes y aporta «garantías» de «garantías».
«Poco probable» que el Congreso no valide la ley
Expertos consultados por El Món consideran que la formación de Ione Belarra acabará apoyando la ley, y creen que el movimiento, entre otros aspectos, es atribuible a su interés por desmarcarse de Sumar. «Podemos marca distancias por la disputa con Sumar», ha asegurado Jesús Palomar, politólogo y profesor de Ciencia Política UB en conversación con este diario, y también señala que otra explicación puede ser que Podemos quiera mostrar su «inquietud por crear diferencias entre diferentes territorios del estado español». El doctor en Ciencias Políticas y profesor en la UOC Andreu Paneque, por su parte, entiende que Podemos tenga dudas porque la ley «es un arma potente y un poder determina una responsabilidad» y quiera condicionar su sí.
Con todo, Palomar considera «poco probable» que esta ley orgánica no salga adelante porque, según señala, «muchas cosas dependen de ello, ya que Madrid es una cadena de eventos y hay muchos condicionantes». Paneque también cree que Podemos no presentará tanta batalla por la ley como para dejarla caer porque, «al final, todo el mundo sabe muy bien qué guerras debe luchar». En este sentido, apunta que Podemos debe hacer «equilibrios» para desmarcarse de su antiguo socio, pero no mucho; y también deja claro que «todos los partidos deben ceder un poco porque a largo plazo no les salen las cuentas».
Una ley que incomoda al Gobierno
Si el Congreso valida la ley acordada por Junts y el PSOE, esta será de aplicación inmediata. Por eso el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, que lidere la constitución de un grupo de trabajo «transversal» con otros Departamentos para “abordar con toda garantía esta delegación de competencias cuando así sea vigente”. Este grupo, según ha detallado Sílvia Paneque en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, será el encargado de analizar las afectaciones que pueda tener la asunción de esta competencia, qué implica y qué recursos económicos y humanos se deben destinar. De hecho, Paneque ha evitado concretar los recursos que harán falta y no ha querido concretar el calendario con el que trabaja el Gobierno porque dependerá, también, de la tramitación parlamentaria en el Congreso, pero ha dejado claro que su aplicación requerirá «tiempo».
Andreu Paneque apunta en este sentido que el PSC «lo acepta porque no tiene alternativa«, y su reacción con el traspaso de competencias en inmigración, según dice, es la de tirar la pelota adelante a «ver qué pasa». «Sería como un sí crítico», apunta y añade que el ejecutivo de Illa quiere ver cuál es la forma en la que pueden adaptar la ley con lo que los socialistas defienden en Cataluña. Palomar, por su parte, apunta que existe la posibilidad de que el Gobierno se pueda encontrar con las competencias y no disponer de los recursos necesarios para desarrollarlas, unos recursos que, según el politólogo, deberían ser transferidos por el estado español.
«Junts tiene la posición más fácil»
Sobre que la oposición marque la agenda y las políticas que debe enfrentar el Gobierno, Andreu Paneque remarca que «aquí quien tiene la posición más fácil es Junts porque ha conseguido un acuerdo que puede ser un rédito político y que le puede ir muy bien para competir por una bolsa de votantes con Aliança Catalana». Además, los de Junts, desde la oposición, siempre podrán decir que la ley «no se está aplicando porque ellos no están en el Gobierno». «Es un acuerdo cómodo para la parte de Junts», insiste Palomar, porque, según él, la formación de Puigdemont ha puesto «tareas complicadas» al Gobierno de Illa porque la inmigración «no es un caramelito fácil de gestionar». «El Gobierno de Illa ya no tendrá la excusa de decir que esto no es competencia de Cataluña» y «si lo hace bien o mal será su problema», ha señalado.
