No es complicado, en las últimas semanas, que salten chispas entre ERC y Junts per Catalunya. La última instancia de la disputa entre formaciones viene a raíz del traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat, un proceso que se ha encontrado con importantes resistencias desde la fuerza de trabajo de la empresa pública. La tensión es máxima, especialmente después del caos ferroviario provocado el pasado fin de semana debido a las obras de Adif en la estación de Sant Vicenç de Calders, donde finalizan los recorridos de las líneas R2 Sur y R4. En opinión de la secretaria general de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, las dificultades que han sufrido los usuarios en los últimos días «evidencian la necesidad del traspaso«. Junts, por su parte, ha vuelto a marcar perfil contra un movimiento que, a su parecer, no soluciona la mala salud de la infraestructura. «Renfe se ha convertido en un brazo ejecutor de la humillación por parte del Estado español a los catalanes, y en absoluto lo podemos permitir», ha remarcado el diputado del partido independentista Salvador Vergés.
Alamany, cabe decir, ha restado importancia a las resistencias de Junts, a quien invita a «sumarse a unos avances que sabe que son muy reales». «Son avances históricos y estoy convencida de que rectificarán, como ha habido una rectificación sobre la cancelación de la deuda del FLA», ha quitado hierro la secretaria general. Vergés, por su parte, rebaja las expectativas marcadas por ERC. «Continuará mandando el Estado y continuará mandando Renfe», ha alertado el diputado gerundense, mucho más pesimista en cuanto a las posibilidades de acuerdo con la Moncloa.
Por su parte, el PSC mantiene su línea institucional, y defiende que los acuerdos son «un paso estratégico» para el país. La viceprimera secretaria y portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha asegurado que la mesa de negociación trabajará para evitar «impactos negativos sobre los derechos laborales de los trabajadores», respondiendo a las quejas acumuladas por parte de los empleados de Renfe y Adif. «El traspaso de Rodalies es un proceso complejo, que necesita su tiempo y muchos procesos de negociación», ha asegurado; reconociendo las abundantes «dificultades de todo tipo» con las que se encontrará un proyecto que «cambia el statu quo«
Siete días de huelga
El cambio de manos del prestador de servicios de transporte público se encuentra en un momento tenso, asediado por la huelga convocada por los sindicatos de Renfe y Adif en todo el Estado, que dificultará los servicios durante siete días durante la segunda mitad de marzo. Los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario español -CCOO, UGT, la CGT, la Confederación Intersindical-SF y el sindicato sectorial SCF- alertan que el cambio de gobernanza es una «privatización encubierta» del servicio ferroviario. «Para facilitar esta transición, se permite el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir en contrataciones nuevas de carga de trabajo, obstaculizar la tarea de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión», denuncian las agrupaciones de trabajadores. Los gritos de alerta de los trabajadores, cabe decir, vienen de lejos: ya a finales de noviembre de 2023 se desconvocó una huelga similar a raíz de un acuerdo que garantizaba que Renfe y Adif continuarían prestando el servicio de rodalies. El pacto para el traspaso, pues, «supone una ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el ministerio en coordinación con la Generalitat son diametralmente opuestas a lo que se ha pactado».
