El Gobierno inicia los contactos con los partidos para aprobar los presupuestos de la Generalitat para el 2025. Después de descartar el sí a las cuentas antes de terminar el año pasado, el Departamento de Economía y Finanzas ha comenzado con los Comunes la ronda de contactos para llevar adelante la medida central del curso político. Según han informado fuentes de la consejería que dirige Alícia Romero, tanto la consejera como el secretario general de Economía, Juli Fernández, se han reunido con representantes del grupo parlamentario que dirige Jéssica Albiach para los primeros intercambios de impresiones respecto a la ley. En concreto, apuntan las mismas fuentes, han asistido el portavoz David Cid y los diputados Susanna Segovia y Andrés Garcia Berrio. Durante la hora y media que ha durado la conversación, el ejecutivo ha reiterado «el compromiso de cumplir con el acuerdo de investidura, especialmente en aquellas medidas que se refieren a la regulación y promoción de la vivienda». Las partes, cabe decir, se han «emplazado a continuar hablando» de cara a las negociaciones que vienen.

El encuentro se ha llevado a cabo, cabe decir, en una jornada de reproches hacia el ejecutivo por el limitado cumplimiento de los pactos que llevaron a Salvador Illa a Sant Jaume. El mismo Cid, de hecho, ha enfriado el acuerdo para la puesta en marcha del régimen sancionador de la ley de la vivienda, esencial a juicio de los Comunes para garantizar su apoyo. Así lo han trasladado a la consejera, de hecho, durante la reunión de este miércoles. En una entrevista con la cadena SER, el portavoz parlamentario ha alejado «ahora mismo» el entendimiento, si bien ha recordado que Illa prometió llevar adelante la estructura sancionadora en un decreto que modifique la ley de vivienda de 2007. Ahora bien, reconoce que «se han dado el mes para negociar» una vigilancia pensada para impedir el «fraude de ley» entre los propietarios de inmuebles para alquilar. En este sentido, el representante de los Comunes ha alertado que «frenarán en seco las negociaciones» presupuestarias en caso de que la Generalitat no cumpla con los compromisos adquiridos.

La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, i el secretari d'Economia, Juli Fernàndez, en la reunió amb els diputats dels Comuns/ Departament d'Economia
La consellera d’Economia i Finances, Alicia Romero, i el secretari d’Economia, Juli Fernàndez, en la reunió amb els diputats dels Comuns/ Departament d’Economia

Necesitan los presupuestos

Desde el ejecutivo, este mismo miércoles, han reiterado su «compromiso» con los acuerdos que fundamentaron la investidura de Illa. Lo ha hecho el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en una entrevista en el programa Cafè d’Idees. En ella, Ordeig ha subrayado la intención del Gobierno de «aplicar punto por punto lo que se acordó en su día». No obstante, ha matizado, algunos de los entendimientos necesarios «requieren una tramitación y unos presupuestos». La posición del consejero, así, choca con la de los Comunes, que quieren garantizar que sus demandas están en proceso de ser implementadas antes de dar su voto afirmativo a las cuentas de la Generalitat.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya han evidenciado también la distancia entre el Gobierno y los grupos parlamentarios con los que busca un acuerdo presupuestario. La secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, ha rechazado la vinculación entre los pactos de investidura y la ley de cuentas. «Lo que debe hacer el PSC es cumplir con aquello que contrae», ha espetado la número 2 de Oriol Junqueras, en directa respuesta a Ordeig. A su parecer, las medidas esenciales deben llevarse adelante independientemente de los presupuestos, por las demás vías que tiene al alcance el ejecutivo. «Pueden llevar partidas al pleno del Parlamento si creen que son urgentes», ha remachado.

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