Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno español el 16 de noviembre de 2023 por tercera vez consecutiva. Una investidura que fue posible gracias, en parte, al apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya después de que la formación cerrara un «acuerdo histórico» con los socialistas españoles el 9 de noviembre de 2023 en Bruselas. Más de un año después de la formalización de aquel pacto, este lunes, 9 de diciembre, la ejecutiva de Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont al frente, se reunirá en la capital belga para hacer balance. El presidente en el exilio presidirá la reunión, que contará presencialmente con los miembros de la Permanente de la formación, mientras que el resto de la ejecutiva participará de forma telemática.
Cuando termine la reunión, Puigdemont ofrecerá una rueda de prensa en el Press Club de Bruselas, el mismo lugar donde defendió el acuerdo hace un año y desde donde ofreció la primera rueda de prensa cuando se marchó al exilio hace ya siete años. ¿Pero qué grado de cumplimiento ha tenido el acuerdo suscrito entre las dos partes un año después? Fuentes de Junts admiten a El Món que el cumplimiento del acuerdo «no avanza a la velocidad que se desearía» y anticipan que el lunes mostrarán su descontento ante esta situación, aunque no romperán relaciones. «No terminará el lunes, pero no va bien», sentencian.
Hace un año, Junts hacía una lectura positiva del acuerdo, destacando que se había avanzado «más en el último mes que en los últimos años» y subrayando cuatro puntos del acuerdo que se estaban desplegando: amnistía en trámite, ahora ya aprobada pero aún por aplicar en muchos casos como, por ejemplo, el de Puigdemont; un «marco efectivo» de negociación en Suiza, mecanismo de verificación internacional y la oficialidad del catalán en Europa en la mesa del Consejo Europeo, un punto que lleva más de un año sobre la mesa sin avances significativos porque no hay acuerdo de los 27, y las comisiones de investigación del 17-A y de las cloacas del Estado, que sí están en marcha.
Junts, y también ERC, ya consiguieron la principal contrapartida pactada para la investidura de Sánchez, la aprobación de la ley de amnistía en una negociación que Junts apretó hasta el último minuto, incluso votando en contra para forzar una última negociación porque consideraba que el primer redactado no daba suficientes garantías para todos los implicados en el Proceso. Finalmente, el 30 de mayo se dio luz verde a la ley y una vez publicada en el BOE comenzó su aplicación, pero el boicot de la cúpula judicial española ha impedido que se aplique a los líderes del Proceso y a la mayoría de activistas que ya deberían haberse beneficiado. De hecho, desde Junts han lamentado que tanto Sánchez, y también Illa, no hayan defendido con más vehemencia la aplicación de la medida de gracia. «No estamos contentos con el cumplimiento de los acuerdos», admiten otras fuentes del partido.
Una negociación en Suiza que comenzó constatando los desacuerdos
Las reuniones en Suiza entre el PSOE y Junts con un observador internacional, papel que recae en el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, para abordar la resolución del conflicto político es uno de los otros elementos centrales del pacto de investidura entre los dos partidos. Estos encuentros para «negociar, acordar y abordar los disensos», como consta textualmente en el pacto, comenzaron el 2 de diciembre de 2023 con un primer encuentro que se siguió casi en directo con la prensa persiguiendo a los políticos en el aeropuerto de Ginebra. Desde entonces, y a pesar de alguna excepción debido a filtraciones, las reuniones mensuales se han mantenido de manera discreta. La última que trascendió a los medios fue la que tuvo lugar el 20 de septiembre después de que Junts per Catalunya reforzara la oposición contra el ejecutivo de Sánchez y tumbara la proposición de ley para limitar el alquiler de temporada. Las mismas fuentes señalan que este espacio está «consolidado», pero, por otro lado, reconocen que no se llegan a acuerdos concretos. La prueba de ello es que la formación se comprometió a comunicarlos una vez alcanzados, y esto no ha sucedido.
Aquel encuentro estuvo presidido por el escepticismo y el malestar de Junts por la filtración a los medios, una situación nada propicia para llegar a acuerdos. De hecho, dos días antes del encuentro, Puigdemont ya advirtió a los socialistas que las cosas no iban bien y les reclamó cambiar su estrategia de «imposición por la negociación». «Perder el respeto a quien tiene los votos que necesitas, y no sudar la camiseta intentando ganártelos en cada votación es el camino más directo al fracaso», advirtió. Sea como fuere, en el acuerdo ya quedó patente las diferencias de unos y otros. Los junteros dejaron por escrito su propuesta: celebrar un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución, pero también dejó claro que no tenía previsto hacer estas concesiones y que ellos apuestan por «el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña».
Junts acusa al PSOE de «trilerismo político» con la financiación
Aunque el concierto económico no se ha entrado a negociar, las posturas entre unos y otros sobre la financiación que debe tener Cataluña están a años luz. La posición de Junts en materia de financiación es clara: reclama un nuevo sistema en forma de concierto económico. Así quedó claro en el último debate de política general en el Parlamento. Aunque el texto no pasó el filtro de la cámara, la formación establecía en la resolución que el nuevo sistema de financiación que proponen debe aplicarse a través de una “ley específica” fuera de la LOFCA, y que prevea que la Generalitat tenga “plena soberanía fiscal y normativa” sobre los impuestos recaudados así como la gestión y recaudación «solo a través de la Agencia Tributaria de Cataluña».
A todo esto, se debe añadir el acuerdo del PSOE sobre financiación aprobado en el congreso que los socialistas españoles celebraron el fin de semana pasado. El texto establece que el nuevo modelo se aprobará «de manera multilateral» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera «sin perjuicio» de la «relación bilateral» con cada comunidad autónoma y orientado hacia un modelo «federal». La reacción juntera no se hizo esperar y el secretario general, Jordi Turull, los acusó de «trilerismo político«, porque «no puede ser singular para todos». «No se puede ser bilateral y multilateral a la vez, no puede ser singular para uno y para todos», sentenció, y dejó claro que el apoyo de Junts es «imposible» en estos términos y que ni siquiera entraría a negociarlo.
El uso del catalán en el Congreso es una realidad, pero su oficialidad en Europa está atascada
El catalán también es una de las cuestiones troncales del pacto entre Junts y el PSOE, y en esta carpeta se arrastra antiguos incumplimientos vinculados a la constitución del Congreso. Si bien es cierto que se ha dado cumplimiento al uso del catalán en la cámara baja española, una medida acordada también con ERC, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas lleva un año sobre la mesa del Consejo de Europa sin que el gobierno español haya conseguido que los 27 den apoyo a la medida a pesar del compromiso firme de sufragar el coste «para que a nadie le suponga un esfuerzo económico».
El gobierno español afirma que «no hay obstáculos reales» para que el catalán, el vasco y el gallego sean oficiales en la Unión Europea y atribuye que no se avance en esta carpeta por las reticencias «políticas» de los estados miembros gobernados por el PP europeo, que a menudo cuentan con el apoyo de la extrema derecha. En cambio, Junts cree que el ejecutivo de Pedro Sánchez puede hacer mucho más en las negociaciones bilaterales que debe llevar a cabo para conseguir la unanimidad en el Consejo Europeo. «El resto de estados, esperan propuestas y negociaciones en firme”, defendió recientemente la formación juntera, y reprochó al gobierno español que desaprovechara la investidura de la Comisión Europea para poner sobre la mesa la oficialidad y mostrar mano dura con la lengua. “Demuestra que esta no ha sido en ningún caso una prioridad para el gobierno español los últimos meses”.
La transferencia de competencias en inmigración debe cerrarse antes de fin de año
También arrastra otras contrapartidas por la aprobación de los decretos anticrisis. La principal es el acuerdo para la transferencia «integral» de las competencias en inmigración. El PSOE y Junts se comprometieron a concretarlo legislativamente antes de fin de año, y aún no lo han hecho. El acuerdo es complejo, como reconoce Junts, y el texto está pendiente de «algunos flecos«. Míriam Nogueras explicó que las negociaciones se estaban alargando porque Junts quiere ampliar el concepto «integral«, sin especificar en qué sentido. «Cuando lo tengamos cerrado, saldremos a explicarlo», defendió siguiendo la estrategia de no avanzar nada hasta que esté en el saco y bien atado que impera en Junts desde el acuerdo con el PSOE. «Podremos dar una respuesta catalana a esta cuestión porque tendremos los instrumentos para hacerlo desde Cataluña», aseguró el secretario general de la formación, Jordi Turull, en referencia al contenido del pacto. Aun así, las negociaciones con los socialistas, en todos los ámbitos, no están siendo fáciles. En otras fuentes junteras consultadas por El Món critican las maneras de negociar de los socialistas porque siempre están buscando «llevarnos al límite a ver si cedemos», y recuerdan que ellos tienen las manos libres para decidir lo que consideran más conveniente para Cataluña. Este viernes, día en que en Madrid se celebraba el aniversario de la Constitución española de 1978, Pedro Sánchez ha asegurado que las conversaciones avanzan y que espera cerrar el acuerdo en pocs dies.
Un balance que se produce en plena negociación por los presupuestos
Junts dejó por escrito en el pacto con el PSOE que la estabilidad de esta legislatura estaba sujeta «a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones» entre las dos formaciones, y la reunión del lunes se produce en plena negociación de los presupuestos españoles sobre los cuales Turull ya fue tajante y advirtió al PSOE que ellos no negociarán los de 2025 si no se ejecutan los de 2024. “No negociaremos un presupuesto si antes no se cumple con el actual”, y apuntó dos «mecanismos jurídicos» para cumplir las cuentas en vigor: transferir los fondos que contempla el Estatuto o condonando parte de la deuda del de la Generalitat o descontando la cantidad pendiente de la deuda del fondo de liquidez autonómica. «Cuando hicimos el acuerdo de Bruselas quedó clarísimo que las cosas funcionarían diferente», sentenció. Es de esperar que el lunes Junts, como dijo Puigdemont tras ser elegido presidente del partido, pase a la ofensiva.
