Las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al final del debate de política general, que se deben votar hoy, ponen de manifiesto que la lengua catalana sigue siendo uno de los grandes terrenos de la batalla política. En un contexto marcado por el debate sobre el uso social de la lengua, las decenas de propuestas o puntos registrados por los grupos que hacen referencia a esto evidencian diversas visiones radicalmente opuestas: la de la confrontación con la intromisión judicial y requerimiento formal en la administración, la de la equidistancia del PSC y la de la flexibilización o recorte de recursos defendida por el PP.
Durante la segunda jornada del debate, este miércoles, las diferentes fuerzas hicieron referencia en un momento u otro a la situación del catalán. La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, reclamó un país donde se pueda vivir en catalán «sin pedir permiso» y calificó de «humo» la ejecución del Pacte Nacional per la Llengua. Desde ERC, Josep Maria Jové denunció la discriminación persistente y los ataques al modelo escolar, mientras que Laure Vega, de la CUP, hizo un llamado a no «temblar ante los jueces» que amenazan el modelo de inmersión lingüística en la escuela.
El presidente a Generalitat, Salvador Illa, y el líder del PSC en la cámara catalana, Ferran Pedret, hicieron un discurso carente de autocrítica sobre la situación de la lengua y presumieron del trabajo hecho estos dos años. Illa invitó a Junts y a la CUP a unirse al Pacte Nacional per la Llengua y subrayó la «presión» del ejecutivo español para lograr la oficialidad del catalán en la UE. Pedret, por su parte, presumió del aumento de la oferta de cursos de la Secretaría de Política Lingüística y de la batalla diplomática en Europa, un intento que Alejandro Fernández (PPC) definió como inútil, ironizando sobre el uso del «pinganillo» en el Congreso y acusando al Gobierno de buscar «demonios» externos.
Todas las propuestas de resolución sobre la lengua
La batalla de las propuestas de resolución refleja un verdadero pulso de la legislatura. Mientras las formaciones independentistas –Junts, ERC y la CUP– empujan para transformar el catalán en una condición indispensable para trabajar en los servicios públicos básicos y desarticular la injerencia judicial en la escuela, la posición del PSC busca el equilibrio del consenso institucional. El resultado de las votaciones medirá no solo la salud de la lengua en las instituciones, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el ejecutivo de Illa en la defensa del catalán. Estas son las principales propuestas de resolución presentadas por cada grupo parlamentario en materia lingüística:
Junts per Catalunya
- Escuela e inmersión: Exige el despliegue de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para reforzar la inmersión y ampliar las aulas de acogida aceleradas.
- Requisitos profesionales: Reclama que el catalán sea requisito obligatorio –y no solo mérito– para el personal de la sanidad y la Justicia, así como el nivel B1 para el personal del transporte público.
- Ámbito universitario y deportivo: Blindar el 80% de docencia en catalán en grados y másteres –con C1 para el profesorado– y exigir el uso íntegro del catalán en todos los entrenamientos y competiciones deportivas.
- Oficialidad en Europa: Denuncia la falta de trabajo serio del Ejecutivo español para lograr la determinación lingüística en la Unión Europea.
ERC
- Educación: Defender el modelo de escuela catalana y desacatar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con «la aplicación inmediata» del decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat.
- Justicia, salud y seguridad: Pide fijar el catalán como requisito en la Justicia y garantizar la disponibilidad lingüística activa e institucional en los centros de salud y cuerpos de seguridad.
- Garantía de derechos y pleno monográfico: Reclama convocar un pleno monográfico sobre la situación de la lengua, desplegar la Oficina por los Derechos Lingüísticos y aplicar sanciones ante las discriminaciones.
- Comercio, deporte y cultura: Implementar en seis meses un programa de apoyo y formación para el comercio. Exige proteger la exhibición de esteladas y combatir la catalanofobia en el deporte. Alcanzar el 2% del presupuesto para Cultura independientemente de Política Lingüística.
- Acción Exterior: Impulsar una estrategia de diplomacia lingüística para la proyección internacional del catalán.
PPC
- Sanidad: Reclama eliminar la consideración del catalán como requisito para acceder a plazas del sistema público de salud, relegándolo exclusivamente como mérito.
- Escuela: Pide el fin de la inmersión lingüística, que califica de «monolingüe» y de subordinar la educación a la «construcción de un imaginario nacional».
- Eliminación de subvenciones: Exige el recorte total de las ayudas a entidades como la Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, la Obra Cultural Balear o La Bressola.
Comuns
- Financiación y cursos: Exige destinar como mínimo 9 millones de euros en 2026 para el aprendizaje del catalán, garantizando el acceso universal a los cursos del CNL con flexibilidad y un plan para personas en proceso de regularización.
- Transparencia presupuestaria: Desglosar específicamente en los presupuestos de cada departamento la partida asignada al Pacte Nacional per la Llengua.
- Justicia y Unión Europea: Convertir el conocimiento del catalán en requisito para el personal judicial e instar al Gobierno estatal a mantener la petición de oficialidad de la lengua en la Unión Europea como prioridad.
CUP
- Ruptura legislativa escolar: Exige la derogación íntegra de la ley y el decreto del catalán en la escuela de 2022 por falta de eficacia, ya que considera que no han detenido las sentencias del 25% de castellano.
- Pruebas de evaluación externa: Propone implementar a partir del curso 2026-2027 una prueba anual, gratuita y multinivel en 4º de ESO para evaluar y certificar la competencia real, sustituyendo progresivamente el C1 automático por escolarización hacia el curso 2029-2030.
- Fin del bilingüismo institucional: Fijar el catalán como lengua ordinaria de atención y eliminar la duplicación sistemática en castellano en la Administración (que solo se emitiría a petición expresa) antes de finales de 2027.
- Formación e inspección: Desarrollar la Estrategia Nacional de Acceso a la Lengua antes de finalizar el 2026 y publicar datos trimestrales de actuación de la Inspección de Educación.
Aliança Catalana
- Educación: Destaca que el sistema educativo catalán debe orientar sus recursos prioritariamente hacia el conocimiento del catalán, el logro de las competencias básicas y la cohesión social y pide la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos de Cataluña.
PSC
- Mundo laboral y comercial: Promover la formación y la acreditación del catalán en las empresas como herramienta de acogida y reforzar el cumplimiento de la normativa lingüística en el comercio y la restauración.
- Acreditaciones oficiales: Modernizar y ampliar las convocatorias de certificación oficial para responder al aumento de la demanda.
- Ámbito europeo: Reafirmar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas como una prioridad de la acción exterior.
