Esquerra Republicana ha situado la defensa del catalán entre sus prioridades en el marco del debate de política general con el objetivo, según exponen fuentes republicanas a El Món, de garantizar que en Cataluña se pueda vivir «plenamente en catalán«. Ante lo que ERC califica abiertamente como una «situación de emergencia» de la lengua, la formación presidida por Oriol Junqueras registrará un amplio paquete de propuestas de resolución que reclaman una acción transversal e inmediata del Govern de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes. La iniciativa no solo busca blindar el modelo educativo y el uso de la lengua en las administraciones, sino que reclama un pleno monográfico en el Parlament y advierte al ejecutivo sobre la necesidad de actuar y, si es necesario, emprender «acciones sancionadoras» ante cualquier discriminación.
Los republicanos tienen previsto, por el momento, presentar nueve propuestas de resolución sobre la lengua, pero no descartan que se pueda añadir alguna otra. La primera de las propuestas, a la que ha tenido acceso este diario, trata sobre la política lingüística del ejecutivo de Salvador Illa y critica la actuación de algunos departamentos. Sin citar ninguno en concreto, el texto lamenta la «falta de compromiso de algunas consejerías» y exige que todas apliquen de manera efectiva todos los acuerdos derivados del Pacto Nacional por la Lengua. Asimismo, ERC quiere que el Parlament acuerde celebrar un pleno monográfico sobre la situación del catalán. En la misma propuesta, los republicanos ponen sobre la mesa la necesidad de desplegar con «celeridad todas las funciones» de la Oficina por los Derechos Lingüísticos y el inicio de campañas de concienciación, pero subrayan especialmente que el ejecutivo debe hacer «efectivas las acciones sancionadoras correspondientes a las violaciones de los derechos lingüísticos en Cataluña». Esto implicaría que dejen de producirse situaciones como la del año pasado, en que, de las 360 quejas por el catalán que se presentaron al Departamento de Salud, solo tres terminaron en expediente.
Otra de las propuestas de ERC a las que ha tenido acceso este diario tiene que ver con el ámbito de Educación. En este sentido, la formación insta a blindar el modelo de escuela catalana mediante la aplicación inmediata del Decreto 91/2024 del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. La propuesta pone un énfasis especial en la mejora de la competencia y el uso oral en catalán –especialmente en la educación infantil y en los primeros cursos de la ESO– y pide un refuerzo intensivo de las aulas de acogida y las aulas de acogida aceleradas para el alumnado recién llegado, priorizando los centros de mayor complejidad lingüística y social, y garantizando al mismo tiempo el respeto a las especificidades del Aran.
Cultura, medios y Justicia: del 2% presupuestario al requisito lingüístico
La batería de medidas va mucho más allá de las aulas y aborda carpetas clave del tejido institucional y sectorial del país. En materia de Cultura, los republicanos exigen cumplir de manera «estricta» el calendario para alcanzar como mínimo el 2% del presupuesto de la Generalitat destinado a este departamento. Esta partida debería contabilizarse de manera independiente a la de Política Lingüística y destinarse directamente al «apoyo real a la creación, al tejido asociativo y a la red de equipamientos culturales de todo el territorio, especialmente en las zonas rurales y en los micromunicipios, así como al impulso de la educación artística y de la industria audiovisual en lengua catalana como motor indisoluble de la promoción de la lengua».
En cuanto a los medios de comunicación públicos, la propuesta insta a blindar una financiación estable y plurianual para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y la plataforma 3Cat que garantice, entre otros aspectos, «la función de servicio público como eje vertebrador del espacio catalán de comunicación y del uso social de la lengua». Al mismo tiempo que exige el «respeto escrupuloso» a su autonomía editorial para evitar injerencias partidistas. También se reclama la presentación inmediata del proyecto de Ley de la Agencia Catalana de Noticias (ACN) para dotarla de un marco jurídico propio y una financiación que asegure su implantación territorial.
Paralelamente, otra propuesta de ERC hace referencia a la asignatura pendiente del uso del catalán en la Administración de Justicia. El texto constata el uso insuficiente de la lengua en este ámbito y reclama formalmente que el conocimiento del catalán pase a ser «un requisito obligatorio» –y no un simple mérito– para todo el personal al servicio de la justicia en Cataluña, además de pedir soluciones para la estabilización de las plantillas temporales.
«Disponibilidad lingüística activa» en el ámbito sanitario
Los republicanos también abordan la situación de la lengua en el ámbito sanitario. En este sentido, se reclama la «disponibilidad lingüística activa» en todos los centros sanitarios, incluyendo «la atención a la ciudadanía, la documentación clínica, los informes, las comunicaciones y el resto de documentación y materiales de uso sanitario» para cumplir con el objetivo 7 del Pacto Nacional por la Lengua. Por otro lado, ERC pide que Interior «priorice el catalán» en las actuaciones de atención a la ciudadanía de los cuerpos de seguridad y emergencias; y en el sector de la Empresa, se exige un programa en un plazo de seis meses para formar y asesorar comercios y servicios para «fomentar el uso del catalán en la atención al público, incorporando recursos lingüísticos, formación, herramientas de traducción y asesoramiento adaptados a las necesidades de cada sector».
Además, en el área de Deportes, se propone un pacto social que utilice el deporte como herramienta de cohesión lingüística. Finalmente, la propuesta cierra con un capítulo dedicado a la Acción Exterior, donde se reclama incrementar un 15% los recursos para las relaciones bilaterales y la presencia en la Unión Europea, implementar una estrategia de diplomacia lingüística para proyectar el catalán en el mundo y fijar un calendario público para el despliegue y profesionalización del cuerpo de acción exterior, con contratos de cuatro años para los delegados de la Generalitat en el extranjero.
