El Departamento de Salut solo incoó tres expedientes sancionadores tras recibir 360 quejas y denuncias por vulneración de derechos lingüísticos en el ámbito sanitario en 2025. Es decir, el 0,83% de las denuncias. Estos son los datos oficiales que la consejera de Salut ha remitido al Parlamento en una respuesta escrita a una batería de preguntas formulada por el grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Olga Pané detalla en su respuesta que, de la totalidad de las reclamaciones tramitadas a lo largo del año pasado, la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas solo inició ocho informaciones previas por posible vulneración de derechos lingüísticos en casos donde, «presuntamente, se podría haber producido una irregularidad en la asistencia sanitaria a los pacientes».
La consejera también concreta el balance de estas actuaciones de investigación: «Tres de las informaciones previas iniciadas durante el año 2025 finalizaron en archivo, 2 en traslado y en 3 se incoó un expediente sancionador». Fuentes de Junts consideran que estas cifras demuestran que la vulneración de derechos lingüísticos no es una prioridad ni para el Departamento de Salut ni para el Gobierno. Asimismo, critican que la consejería considere que hay 355 quejas que no tienen fundamento, remarcan que quien da el paso de denunciar es porque está convencido de que se han vulnerado sus derechos y recuerdan que hay muchos casos que no se ponen en conocimiento de la administración. «La última prioridad que tiene el Gobierno es defender la lengua catalana y los derechos lingüísticos de los catalanes, en salud se ve claramente», insisten.
Desde el Departamento de Salut se aclara que, en el marco de sus competencias, cuando los hechos derivados de una denuncia dan lugar a la tramitación de un expediente de esta índole, las sanciones que se puedan proponer tienen naturaleza administrativa y se dirigen directamente al titular del centro o establecimiento correspondiente, sin que la resolución o penalización revierta económicamente o directamente en la persona reclamante. En este sentido, las mismas fuentes de la formación de Carles Puigdemont subrayan que estos tres expedientes sancionadores se han abierto a la entidad pero que se desconoce si han llegado al profesional implicado, que es el responsable de vulnerar los derechos lingüísticos del denunciante. Asimismo, la consejería recuerda que la inspección sanitaria actúa exclusivamente a raíz de denuncias por «posible vulneración lingüística del catalán, donde presuntamente se había producido una irregularidad en la asistencia sanitaria».
Las quejas alcanzan un máximo histórico
Las quejas por vulneración de derechos lingüísticos en la sanidad pública continúan su tendencia al alza y alcanzaron un nuevo máximo histórico en el año 2025. Según los últimos datos del CatSalut, se registraron un total de 360 quejas, la cifra más alta recogida hasta ahora. Este incremento constante refleja un trasfondo sobre el respeto y la garantía del catalán en la atención sanitaria, donde cada vez más usuarios deciden formalizar su queja ante situaciones en que no se les ha garantizado la atención en su lengua. Hasta el mes de julio de 2025 se registraron 179 quejas o denuncias de las 360 totales, una tendencia que se mantuvo en la segunda mitad del año, cuando se registraron 181 denuncias. La cifra total supone un nuevo máximo histórico después de registrar 233 en 2022, 342 en 2023 y 358 en 2024.
