Simultáneamente al tumulto que se está produciendo en la comisión de investigación del Congreso sobre el 17-A –que este jueves ha dado combustible a Junts para continuar exigiendo que se aclare el papel del CNI en aquel caso–, hay otro terremoto en la cámara baja española. Se produce en la otra comisión de investigación, la de la operación Cataluña, que es también la que debe escarbar en el Catalangate. Si con la del 17-A se apunta principalmente al papel del Estado en época del PP, la comisión que indaga en las guerras sucias del Estado contra el soberanismo afectará también al PSOE cuando, por calendario, se llegue a las sesiones que abordarán el espionaje con Pegasus. De momento, Junts ya calienta motores para erosionar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un momento en que les resulta especialmente molesto porque lo identifica como el principal obstáculo para el traspaso de las llamadas «competencias integrales» de la inmigración a la Generalitat.
La relación entre Junts y el PSOE –por extensión, el gobierno español– es como una carrera en una montaña rusa que ninguno de los dos pilotos quiere detener por el momento. Esto implica que, mientras continúan las reuniones en Suiza, las cuestiones del día a día las resuelven como pueden, como ha ocurrido con el controvertido decreto de medidas sociales –para el cual finalmente se ha llegado a un acuerdo– y con la petición de un debate para votar si se pide a Pedro Sánchez una cuestión de confianza, que ha quedado en un empate. Los socialistas se han visto obligados a permitir que siguiera adelante en la Mesa del Congreso, pero con el aviso explícito de que será inútil, porque se trata de una potestad exclusiva del inquilino de la Moncloa. Ni Junts ni el PSOE quieren romper, pero ambos necesitan justificar por qué mantienen el pacto. Y las competencias en inmigración son una de las claves.
En este contexto, Junts ha decidido identificar a un enemigo con nombres y apellidos: Fernando Grande-Marlaska, que esta semana ha sido el blanco de una ofensiva en el Congreso y el Senado cuando ya llevaban días señalándolo en declaraciones públicas. Tanto en la comisión de investigación de la operación Cataluña como en la sesión de control al gobierno del Senado, los representantes de Junts han apuntado en la misma dirección.
Voluntad de señalar la continuidad entre la operación Cataluña y Pegasus
En el Congreso, durante la comparecencia del periodista de El Món Quico Sallés –citado como conocedor de las actividades de la policía patriótica–, el diputado de Junts Josep Pagès preguntó por la eventual responsabilidad de Marlaska en la utilización de Pegasus para espiar las comunicaciones de políticos independentistas después del 1-O y del cambio de gobierno, es decir con la llegada del PSOE a la Moncloa. Sallés dejó claro que, por ahora, no hay evidencia –ningún documento escrito ni grabación– que pueda implicar al ministro en una instrucción directa en este sentido, pero admitió que estos movimientos suelen ser indirectos.
Independientemente de la respuesta obtenida –poco concluyente por falta de pruebas–, Junts dejaba clara su apuesta: objetivo Marlaska. Horas después, el mismo martes, el senador de Junts Eduard Pujol reclamaba al ministro del Interior que pidiese «perdón» a «todos los catalanes atacados por las cloacas del Estado». Y recordaba que un informe reciente de los Mossos d’Esquadra había confirmado que «el Estado ha utilizado los servicios de inteligencia para espiar a líderes políticos, periodistas, abogados y activistas». «Ahora sabemos que con Pedro Sánchez en la Moncloa su ministerio espió con Pegasus al director de la oficina del presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio, Josep Lluís Alay. ¿No se le cae la cara de vergüenza?», le espetó.
El ministro se mostró imperturbable. Según Marlaska, tanto los cuerpos policiales como el CNI «siempre» han actuado con autorización judicial, y en el caso «impensable» de que pasara otra cosa, los perjudicados pueden recurrir «a la protección del poder judicial». El cinismo del ministro se medía con el hiperbólico senador de Junts, que aseguró que «habría sido un buen ministro de la Gobernación», en alusión al cargo de la etapa franquista, porque en aquella época «también espiaban y lo negaban». «No nos diga que nos estaba espiando el espíritu santo, ni que ustedes también eran espiados, porque alguien debe asumir responsabilidades», concluyó. Así redondeaba una jornada coordinada de una ofensiva que aspira a desgastar a un ministro quemado que, a la vez, parece incombustible.
Junts desafía a Sánchez a cesar a Marlaska
El hiperliderazgo de Pedro Sánchez es bastante evidente para que todos tengan claro que si el presidente del gobierno español toma una decisión en la cuestión de las competencias sobre la inmigración no la podrá detener ninguno de sus ministros. Pero unos y otros identifican al titular de Interior como palanca para defender su posición. El PSOE mantiene que Marlaska se opone –con argumentos técnicos y jurídicos– a permitir la participación de la administración de la Generalitat en procesos como los expedientes de expulsión, que insta la policía aunque los resuelvan los jueces. Y la respuesta de Junts, que no puede permitirse aflojar en esta discusión después de haberla convertido en una de sus grandes apuestas, es que si es necesario se puede relevar al ministro, que ya quedó tocado por la masacre de la valla de Melilla de junio de 2022.
El 17 de enero, Marlaska aseguró en una entrevista a RNE que las negociaciones estaban «muy avanzadas», y que había «puntos de acuerdo» que hacían prever que el proceso terminaría de manera «exitosa», siempre dentro del «marco del ordenamiento jurídico y de la Constitución». Unos puntos de acuerdo que el mismo Puigdemont se encargó de desmentir el mismo día, en una rueda de prensa desde Bruselas para anunciar que su partido congelaba las negociaciones sectoriales con el PSOE.
Además, Puigdemont aprovechó esa comparecencia para cargar duramente contra Marlaska, a quien definió como «el ministro de los espías, los infiltrados, el ministro que, según el PSOE que niega el conflicto, actúa en el marco de la ley». Y dejó claro que no estaba Marlaska autorizado a hablar de ningún acuerdo en los temas que se expresó. También advirtió al titular del Ministerio del Interior que querían el traspaso de todas las competencias y que no aceptarían otra cosa porque el término “integral”, según sus palabras irónicas, no hacía «referencia al pan». «Integral significa todo. ¿Qué es lo que no entiende del concepto integral el señor ministro?», desafió Puigdemont.
De hecho, desde Junts consideran que si Marlaska es un problema para llegar a un acuerdo en esta materia, lo mejor que puede hacer el PSOE es cesarlo. Así se expresó el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en una entrevista reciente a El Món. “A nosotros no nos sirve que nos digan que Grande-Marlaska es el problema. Porque si Grande-Marlaska es el problema, se le cesa y viene un ministro que, cuando reciba instrucciones del presidente del gobierno español, las cumpla”. Y sentenció que el problema, en este caso, es del PSOE, porque a un ministro “se le puede cesar con la misma inmediatez con la que se le nombra”.
Mientras Marlaska continúa en su despacho Junts no afloja. «No es solo que haga de obstáculo en el traspaso de las competencias de inmigración, es que es un mal ministro», remarcan fuentes de Junts. Desde su punto de vista, es demasiado «poroso» con las cloacas. Y no le dejarán pasar.
